Del ejército en las calles

Hasta donde tenemos conocimiento, en este momento, se encuentra en proceso de aprobación la llamada “Ley de Seguridad Interior”, la cual, según la propuesta y texto que tenemos en nuestras manos, y que, obviamente, no constituye un documento oficial ni definitivo, establece los supuestos y procedimientos a partir de los cuales se legitima o legaliza, como se quiera ver, la intervención de las fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea), en labores de combate a la criminalidad rampante que ahora azota a esta nación. No daremos cuenta del contenido preciso y detallado de tal normatividad, pues eso es materia de los leguleyos y críticos destructivos que pueblan los cafés provinciales y capitalinos, donde se realiza la reforma definitiva del mundo entero y se conciben las más espeluznantes revoluciones proletarias que sacarán a la mafia en el poder del poder (Peje dixit). Pero si se hace necesario realizar una brevísima reflexión sobre la sincronía que dicha ley debe guardar con la mismísima Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como de todos es conocido, la Constitución Política es denominada también como Ley Suprema, precisamente porque sus mandatos y supuestos normativos están por encima de cualquier otra ley, reglamento, acto o autoridad. Es decir, conforme a la teoría constitucional, cualquier otra norma jurídica o acto emanado del poder público que no esté acorde con la misma o que sea violatoria de las reglas contiene, son inconstitucionales, es decir, sin validez jurídica.

En los cursos de argumentación que recibí posteriormente a la graduación oficial como leguleyo egresado de una universidad de provincia con un pedigrí de arrabal, aprendí que para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general o un acto de autoridad particular, habría que aplicar la técnica del silogismo socrático, el cual es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como premisas y una como conclusión, siendo esta última una inferencia deductiva de las otras dos. Ejemplo que se explica desde la escuela primaria: primera proposición (todos los hombres son mortales); segunda proposición (Sócrates es un hombre); conclusión (Sócrates es mortal).

Aterrizado a la actual perotata sin sentido práctico, diremos:

Primera premisa: El artículo 129 Constitucional mandata a las autoridades militares ejercer exclusivamente funciones directamente relacionadas con la disciplina militar (en tiempos de paz): “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Segunda premisa: El contenido de la Ley de Seguridad Interior que permite que las instituciones militares realizar funciones policiales y de seguridad pública en tiempos de paz.

Conclusión: La Ley de Seguridad Interior es inconstitucional al violar las determinaciones del artículo 129 de la Carta Magna, por autorizar que las autoridades militares realicen, en tiempos de paz, funciones de vigilancia y policía, las cuales no guardan exacta conexión con la disciplina militar.

En fin, por más que leo y releo el texto de esta mencionada Ley de Seguridad Interior, no puedo llegar a una diversa conclusión de la anotada precedentemente, y estoy seguro que el mismo Sócrates, si viviera, me daría la razón, pues se está aplicando correctamente su método.

Aquí el gran problema es que la realidad nos está rebasando y es entendible la desesperación nacional al pedir que las fuerzas armadas intervengan para tratar de parar esta debacle delincuencial que azota al país, ante la incompetencia manifiesta y escandalosa de lo que se denomina como autoridades civiles.

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