Las injusticias de la justicia.

Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.

En cualquier país, hasta en los más civilizados, tener un aparato de justicia que funcione sin las interferencias nefastas de la política siempre ha sido una aspiración por alcanzar. En la organización y estructura de los Estados modernos, se ha ideado un sistema de pesos y contrapesos gubernamentales con el fin de hacer posible el respeto a los derechos humanos y, en general, la plena vigencia de esa entelequia que se ha denominado como estado de Derecho. En un primer intento se dividió el ejercicio del poder en tres áreas que se denominaron legislativa, ejecutiva y judicial, con las características funciones que ya conocemos de cada una de ellas: elaborar leyes, administrar y resolver conflictos entre particulares y de estos con el propio gobierno.

En estos esquemas de funcionamiento de los entes públicos, la persecución de los delitos se ha considerado como competencia propiamente del poder ejecutivo, y en los Estados federales, se ha encomendado dicha atribución a funcionarios (procuradores o fiscales) nombrados directa o indirectamente por el propio titular de la administración pública, bien sea por el presidente o por los gobernadores locales. Lamentablemente, bien sea por defecto legislativo o por imperfección de la naturaleza humana, cuando el poder político tiene bajo su autoridad el determinar a quién si y a quién no se persigue en el ámbito criminal, la procuración de justicia se pervierte hasta límites insospechados, utilizándose ésta, más que como un instrumento eficaz para castigar conductas lesivas a la sociedad y así lograr poner un ejemplo disuasivo, para ejercer una justicia selectiva, concentrándose su aplicación, inclusive, en enemigos políticos como blancos bien identificados.

El caso reciente de la liberación de la llamada Maestra de Maestras es paradigmático de lo que acabamos de comentar, pues se trata de un asunto donde ha quedado exhibida, de manera escandalosa, la parcialidad, la inconstitucionalidad y la ilegalidad manifiesta de cómo actúan las instancias de procuración de justicia cuando deciden perseguir, por la razones que se quieran, a cualquier persona. En el ejemplo en comento, la violación de derechos humanos, la infracción a las reglas del debido proceso y la ilicitud en la obtención de pruebas, fueron la constante universal en la integración de la investigación correspondiente. Para fortuna de la señalada con el dedo flamígero, se tenía en exceso los recursos económicos para pagarse una buena defensa, circunstancia que nos hace tener escalofríos recurrentes cuando pensamos en las condiciones bajo las cuales se decide perseguir a gente carece de los medios adecuados para defenderse de estas hecatombes legales.

Por ello diversos juristas nacionales de renombre y la sociedad en general, han insistido en separar de manera tajante los hilos conductores entre las decisiones políticas y las determinaciones de justicia penal, separando orgánica y funcionalmente al titular del poder ejecutivo y al encargado del órgano de procuración de justicia, de tal suerte que el primero no influya en los fallos y resoluciones que se tomen en este ámbito, pues de otra forma la deseable imparcialidad y neutralidad quedan en entredicho.

Y es por esto también que tanto se ha insistido en la supresión de la llamada figura del “fiscal carnal”, erradicación deseable que ahora, inclusive con la llegada de esta Cuarta República, que aún no comienza, se antoja una mera quimera.

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