Populari iustitia.

Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.

Populari iustitia, justicia populista, que no popular, conceptos estos distantes como lo serían en términos astrofísicos dos universos paralelos unidos por los famosos agujeros de gusano. Y no se si se deba a esa discordancia que se está dando en algunas partes del mundo donde lo populista está ahora de moda, como cuando nos salimos del camino correcto, tomamos el equivocado, creyendo que es el primero, y tal nos conduce directo al despeñadero. Y aunque todavía no llegamos a esta situación en términos estrictamente de derecho electoral, en atención a la próxima contienda, ya estamos aquí haciendo ejercicios con lo populista y en el más inesperado de los campos posibles: la justicia.

Resulta que los ignaros integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito de nuestro país, en un asunto hartísimo conocido por todos, y que se refiere a la desaparición forzada de los 43 normalista de Ayotzinapa, dictó una resolución donde decidió dos cuestiones fundamentales en lo general: 1) que la investigación realizada por las instancias correspondientes había sido hecha con las patas, sin objetividad, sin profesionalismo, sin prontitud, sin eficiencia, sin eficacia y una decena más de calificativos que se anotaron a la indagatoria; 2) que por las anteriores razones, se hacía necesario crear una “Comisión Indagatoria” que se encargara de realizar una verdadera, auténtica e imparcial investigación con la finalidad de esclarecer los tan lamentables hechos que tuvieron como consecuencia que todavía no sepamos a ciencia cierta dónde carajos se encuentran las víctimas de este lamentable caso legal. En dicha comisión, se determinó que deben estar integrados como parte de la misma los representantes legales de los ofendidos y víctimas. Para sustentar esta última directriz, se basaron en el denominado Protocolo de Minnesota, el cual contiene una serie de reglas que los gobiernos deben observar para el caso de investigaciones en los casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (como el aludido).

Me permito disentir, en lo absoluto, de la sentencia dictada por dos razones jurídicas de fondo, y por una de elemental intencionalidad de los togados aludidos.

La primera estriba en que si la investigación que cuestionan los magistrados fue hecha sin objetividad, sin profesionalismo, sin prontitud, sin eficiencia, sin eficacia, sin imparcialidad, utilizando métodos prohibidos, como la tortura, y otros tantos más calificativos que señalan, les pregunto ¿porqué razón no decidieron dejar en absoluta

libertad a los procesados en tal asunto? La más elemental lógica y hasta el sentido común de un no versado en temas legales, indicaría que esta sería la consecuencia inmediata de tener gente presa con base en una indagatoria con tales adjetivos.

El segundo argumento estriba en que esta decisión pretende conferir facultades de investigación a una instancia (la susodicha comisión) no reconocida por la Constitución Mexicana, pues en términos del artículo 21 de esta Ley Suprema, corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a las policías bajo su mando, esta indelegable obligación. Pero lo más aberrante estriba en que el vilipendiado Tribunal Colegiado determinó que se integraran a dicha comisión los ofendidos y víctimas a través de sus representantes legales, cuando en el texto literal del citado Protocolo de Minnesota se establece que uno de los requisitos, entre otros, que debe reunir una persona para formar parte de tal cuerpo es que sea imparcial, y que no pueden ser integrantes por no reunir ese requisito quienes formen parte de “…una organización o grupo relacionada con la víctima, pues ello podría menoscabar la credibilidad de la comisión”. ¿Habrán leído estos magistrados, analfabetos jurídicos confesos, el texto del Protocolo en que basan su anómala sentencia? No lo creo.

Estoy cierto de que este caso pasará a la historia como uno de los ejemplos académicos que se deben poner a los estudiantes de la carrera de Derecho como un total y absoluto esperpento jurídico, pues no me cabe la menor duda que los magistrados firmantes de tan aberrante resolución, alejándose de la más elemental lógica y raciocinio legales, sólo tuvieron en cuenta en sus huecos hemisferios cerebrales el estar a tono con esa corriente indeseable que se llama populismo.

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