Ya perdió el Poder Judicial Federal.

Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.

Ya perdió el Poder Judicial de la Federación en la contienda que surgió en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República por la llamada Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos que determina, entre otras cosas, que ningún funcionario de la Federación pueda percibir más emolumentos que los que cobra el Primer Mandatario de la Nación.

Recordemos como antecedente que, la Ley mencionada al establecer esta directriz, está obligando a todos los funcionarios del Poder Judicial a reducirse drásticamente los estipendios que por su trabajo ingresan. También no nos olvidemos que en este brazo del Estado, por ejemplo, los Ministros, según datos publicados y no desmentidos, tienen salarios netos de más de seiscientos mil pesos mensuales, más una serie de adicionales como choferes, asesores, auxiliares, vales de gasolina, despensa, alimentos, gastos de representación, viáticos en demasía y un sin fin de etcéteras que quizá estas cuartillas no nos alcancen a enlistar tan formidables emolumentos a cargo y cuenta de los presupuestos nacionales. Jueces de Distrito, Magistrados de Circuito, Secretarios y un sin número de funcionarios judiciales suman a sus percepciones varios cientos de miles de pesos mensuales, excediendo las directrices de austeridad republicana dictadas de manera muy clara y precisa por las instancias legislativas y ejecutivas.

Recordemos igualmente que estos funcionarios judiciales interpusieron ya cientos o miles de Juicios de Amparo para combatir estas resoluciones que se estiman contrarios a la Constitución. Se suma a estas perspectivas jurisdiccionales una Controversia Constitucional interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una Acción de Inconstitucionalidad por algunos legisladores federales; demandas todas arguyendo la inconstitucionalidad de dicha ley y la violación flagrante a la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Antes de explicar porqué pienso que van a perder a la larga esta guerra, diré que considero que, desde el punto de vista jurídico, los demandantes anteriormente referidos tienen la razón legal y la Carta Magna los respalda, sin embargo, han olvidado una cuestión fundamental: el pleito en sí, escapa al ámbito netamente jurídico, y es fundamentalmente de naturaleza política, y es en este desconocimiento donde estriba su error de estrategia: quieren ganar una contienda en la arena política con argumentos jurídicos.

Me explico: seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminará atrayendo los Juicios de Amparo interpuestos y resolviendo todos los asuntos planteados. Estando en este supuesto hay dos opciones: 1) Resolver en contra de los impetrantes y declarar constitucional la Ley impugnada, caso en el cual, perdería la contienda el Poder Judicial Federal, como hemos dicho. 2) Resolver a favor de los accionantes y declarar inconstitucional la norma general rebatida, caso en el cual caería en el descrédito generalizado el mismo Poder Judicial de la Federación, pues se cacarearía a los cuatro vientos que ellos mismos resolvieron en su favor para auto conservar sus indecentes prebendas, serían juez y parte, pues.

Es decir, han caído en una trampa maquiavélica: si pierden, pierden; y sin ganan, pierden. Y es que no han entendido, repito, que se trata de un enfrentamiento en otro ámbito diverso al propiamente jurídico, sino político y social; ni tampoco han comprendido que representan una casta dorada y privilegiada salarialmente, señalada con el dedo flamígero y caracterizada de hace décadas por sus excesos económicos, la corrupción endémica, el amiguismo, el compadrazgo, el influyentismo, nepotismo, y unos cuántos etcéteras más, que es innecesario volver a recalcar, y que es, precisamente, eso de lo que ahora las colectividades están hasta el gorro, como se dice.

 

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