Comisión de Puntos Constitucionales aprobó dictamen en materia de Guardia Nacional

• Amplía a 10 años el plazo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

• Se envió a la Mesa Directiva para su programación legislativa

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó, con cambios, el proyecto de dictamen a la iniciativa que modifica el primer párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Busca establecer que, durante los 10 años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

El documento, avalado en lo general por 28 votos a favor y 11 en contra, refiere que la Guardia Nacional, pese a sus enormes avances, no ha logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera completa, por lo que es evidente que se requiere de más tiempo para ello.

Destaca que la extensión del plazo es una medida idónea, necesaria y proporcional, porque busca la seguridad pública. No hay una alternativa jurídica mejor y es previsible que logre una mejor seguridad pública que supere los cuestionamientos y argumentos de la participación de las Fuerzas Armadas en esas tareas, sobre todo porque tiene un carácter transicional.

La iniciativa original, de la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) que establecía aumentar dicho plazo a 9 años, fue modificada a propuesta de la diputada Cristina Ruiz Sandoval, de la misma bancada, para ampliar a 10 años ese lapso y planteó, además, que esa participación deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Estipula, también, que se integrará una comisión de diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del presente artículo. Para tal fin, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario de sesiones en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.

Además, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) planteó dar mayor precisión en el artículo e incluir a los pueblos afromexicanos. La propuesta fue aceptada por la Comisión.

Discusión en lo general

En contra, el diputado Salvador Caro Cabrera (MC) afirmó que la pretensión de extender nueve años la vigencia de la Guardia Nacional va en contra de la seguridad. Consideró que la milicia es buena para la guerra y defensa en la paz interior pero no tiene herramientas ni formación para la persecución efectiva del delito, la investigación preventiva del delito, ni para tareas y estrategias que eviten que los ciudadanos estén a merced de los delincuentes.

A favor, el diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) indicó que la propuesta no consiste en la simplicidad de alargar un plazo, trasciende a hacerlo mientras se vigila el proceso. Nuestro compromiso debe ser garantizar que este proceso de consolidación siga soportado en el respeto a los derechos humanos y también a los pueblos indígenas.

Del PAN, el diputado Ricardo Villarreal García refirió que se están generando leyes que no dan fuerza al Estado para combatir la delincuencia; al contrario, se está dando fuerza a los delincuentes. “Esto, evidentemente no va a pacificar al país. Si quieren que sea la Guardia militar reformen el 21, el 16 y establezcan en el transitorio que ellos tendrán la rectoría de la seguridad pública”.

El diputado Pedro Vázquez González (PT) indicó que su fracción parlamentaria está a favor porque no se puede caer en la irresponsabilidad de abordar este tema hasta marzo de 2024. “Debemos hacer políticas de Estado que permitan transitar con responsabilidad histórica. No vamos a regatear el apoyo al dictamen que da certeza jurídica a las Fuerzas Armadas”.

Santiago Torreblanca Engell (PAN) subrayó que va en contra porque la reforma es innecesaria y contradictoria. Consideró que si lo que se quiere es tener una actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, “por qué no nos enfocamos en reformar todos los artículos de la Ley de Seguridad Interior que fueron declarados inconstitucionales o por qué no hacemos una nueva ley”.

Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, dijo que “la oposición está con manifestaciones plenas de hipocresía, pues mientras sus gobernadores apoyan la presencia de la Guardia Nacional y dan testimonio de cómo ha sido útil para reducir los índices de criminalidad, sus diputados vienen a pretender privarles a los ciudadanos del derecho a la seguridad”.

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) puntualizó que la falta de eficacia existe porque no hay una estrategia íntegra en materia de seguridad pública. La iniciativa es escueta, tiene escasos argumentos Y no aborda el acuerdo presidencial publicado en mayo de 2020, ni tampoco la controversia constitucional presentada por esta Cámara de Diputados, añadió.

La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) dijo que la Guardia Nacional sí funciona y, por supuesto, que los gobernadores de todos los estados han sido incluidos. La gobernadora de Chihuahua dijo que ellos requieren la intervención de la Guardia porque los policías municipales son insuficientes para combatir los delitos del fuero común y federal.

El diputado Jorge Triana Tena (PAN) se manifestó en contra del dictamen porque corresponde al Senado determinar, de acuerdo a una evaluación y en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, si se alarga la permanencia de las Fuerzas Armadas. Consideró que debe haber una reglamentación transitoria para capacitar a policías civiles, modernizar los ministerios públicos y acreditar a los elementos. Planteó que esa decisión debe tomarse en 2024.

A favor de la propuesta, el diputado de Morena, Óscar Cantón Zetina, subrayó que hay una estrategia integral y nacional de seguridad, que tiene que ver con una nueva institución que se debe moldear y fortalecer constitucionalmente, “porque estaba actuando al filo de la navaja, sin mayor protección legal, se le aventó a la calle para ver cómo le hacía, y por eso los problemas que resolvemos ahora”.

Del grupo parlamentario del PRD, el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, manifestó su voto contra del proyecto porque no ataca el fondo del problema, pues “México enfrenta una crisis de seguridad que no se va a solucionar con alargar la estadía del Ejército en las calles”. Expresó que el tema debe discutirse el próximo año y propuso realizar un parlamento abierto en la materia

El diputado Armando Antonio Gómez Betancourt (PVEM) expresó que acompañará el dictamen porque ayudará a un proceso de pacificación que requiere mayores esfuerzos. Busca la tranquilidad del pueblo y reconocer la grandeza del problema para mejorar la estrategia. Señaló que se debe privilegiar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos y dar un marco normativo claro y certero para obtener mejores resultados.

Discusión de reserva

El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) resaltó la gravedad del sistema de seguridad pública, “pero no entendemos por qué insistir en la ampliación del plazo para el uso de la Fuerzas Armadas cuando no existe un diagnóstico con información para tomar una medida tan delicada”. Cuestionó por qué aumentar de 9 a 10 años el plazo, por qué especificar en un artículo transitorio el respeto a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y la conformación de la comisión bicamaral.

Para hablar a favor de la modificación, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) expresó que no se trata de la militarización, sino de fortalecer policías civiles de estados y municipios, y cuando las Fuerzas Armadas se retiren, estén a la altura de lo que demanda el pueblo. Añadió que el plazo de 10 años correría a partir de 2019; además, contiene una acción afirmativa en favor de los pueblos y comunidades indígenas.

El diputado Triana Tena planteó que no es momento para discutir el tema y propuso hacerlo después de la elección de 2024. Añadió que si no hay plazos para que presidentes municipales y gobernadores fortalezcan a las policías se puede dar un mal uso a las Fuerzas Armadas, y al no contar con un andamiaje legal en materia de suspensión de garantías, se abre la posibilidad de una dictadura militar a futuro, pues estarán sobreempoderadas y desplegadas en todo el territorio nacional, sin policías de proximidad fuertes.

Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena) consideró que es una propuesta responsable, pensando en la seguridad de la sociedad, no abandona a la ciudanía y reitera el respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Busca el respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional para profesionalizarlos, a fin de tener buenos policías en los municipios y los estados.

De Acción Nacional, la diputada Joanna Felipe Torres sostuvo que no se puede señalar, dentro de este artículo, que garantizar los derechos humanos de los grupos indígenas es una acción afirmativa. Eso sí me preocuparía porque no lo es, es una garantía que nosotros tenemos que señalar puntualmente y viene ya en la Constitución. Agregó que tampoco está el tema de cómo conciliar la facultad que ya tiene el Senado con este nuevo órgano que se está creando para fiscalizar la actuación de la Guardia Nacional.

El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) estimó que no se está cumpliendo con los criterios de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana. “Estamos incurriendo en irresponsabilidad internacional. Este transitorio estaba pensado para regresar al Ejército a los cuarteles porque iba a haber un plan de fortalecimiento de policías municipales, estatales y de capacitación de civiles de la Guardia Nacional, lo que no ha ocurrido”.

El diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) se manifestó a favor de lo que presentó la diputada Cristina Ruiz cuando se refiere a los derechos humanos y a la participación que deberá tener un enfoque de respeto a los mismos.

El diputado Caro Cabrera afirmó que México quiere paz, seguridad, democracia y libertad y “poner un militar en cada esquina no es lo que queremos”. Expresó que son elementos usados en el fascismo para limitar, perseguir, desaparecer y torturar a la oposición “Por eso nos preocupa. No es solo de seguridad, es una fachada”.

A su vez, el diputado García Almaguer destacó la conveniencia de presentar un informe ante una comisión bicameral, y que la Constitución Política contempla los controles en materia de suspensión de garantías, por lo que apoyó la reserva.

En contra, el diputado Villarreal García dijo que ante el problema más importante de México que es la seguridad y la paz social de las familias sólo se presentan “ocurrencias” y legislan una Guardia Nacional inconstitucional.

La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) expresó que está a favor y dijo que lo que se propone es la ampliación de las Fuerzas Armadas para coadyuvar en tareas de seguridad. Puntualizó que otra discusión es la del tema presupuestal; “ahí es donde tendremos que centrarnos, en fortalecer, en regresar los programas a los estados y municipios para apoyar a las policías municipales y a las civiles”.

Votación de reserva

Se rechazó la reserva presentada por el diputado Caro Cabrera, con el fin de dejar el artículo transitorio como está. El legislador puntualizó “pedimos reconsideren y dejemos el texto constitucional como está o valoremos extenderlo hasta el último día del sexenio”.