Seguridad

Gobierno federal convoca al Gabinete de Seguridad tras el asesinato del alcalde de Uruapan; se profundizan las investigaciones

Uruapan, Michoacán.– Tras el atentado en el que perdió la vida Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, las autoridades federales y estatales activaron de inmediato una serie de acciones de investigación y seguimiento para esclarecer el crimen y enviar un mensaje de firmeza ante los hechos que conmocionaron al país.

El ataque ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre, durante el tradicional Festival de las Velas, evento conmemorativo del Día de Muertos, en pleno centro de Uruapan. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que dos más fueron detenidos. En la escena se aseguraron armas cortas y varios casquillos percutidos.

El edil, quien había denunciado amenazas en el pasado, era conocido por su postura firme frente al crimen organizado y por exigir mayor presencia de fuerzas federales en la región. Su compromiso con la seguridad y la transparencia lo había convertido en una figura visible, pero también vulnerable, en una de las zonas más conflictivas del estado.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el atentado y convocó a una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad con la instrucción de que “no habrá impunidad”. En el encuentro participaron los titulares de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad y la Guardia Nacional, quienes acordaron reforzar la coordinación con el gobierno estatal.

El asesinato de Carlos Manzo vuelve a poner sobre la mesa la situación de riesgo que enfrentan los servidores públicos municipales en México, especialmente en regiones donde la violencia y la presencia del crimen organizado desafían a las instituciones.

En Uruapan, el ambiente es de consternación, pero también de exigencia. La ciudadanía demanda justicia, claridad y una respuesta contundente que devuelva la confianza en las autoridades.

Más allá del hecho violento, este crimen representa un llamado urgente a fortalecer el Estado de Derecho y a proteger a quienes, desde el ámbito local, asumen la responsabilidad de servir a sus comunidades con valentía.