Institucionales

Geovanna Bañuelos llama a atender el grave problema de desaparición de niñas y niños

Para atender el grave problema de desaparición de niñas y niños por el que atraviesa actualmente México, la senadora Geovanna Bañuelos urge a la Fiscalía General de la República, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a dar celeridad a las carpetas de investigación de secuestro de niñas, niños y adolescentes a fin de salvaguardar su integridad y rescatarlos.

 Así como deslindar responsabilidad y castigar a los responsables, y garantizar atención integral a las víctimas indirectas de este delito.

 Mediante un punto de acuerdo, la legisladora por Zacatecas solicita además a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Educación Pública implementen un programa de concientización a los miembros de la comunidad educativa en centros escolares sobre las medidas de prevención y seguridad para proteger a las infancias de delitos vinculados a la desaparición forzada.

 Al fundamentar la propuesta, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo informó que de acuerdo con datos del Comité de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, en México cada día 14 niños desaparecen, lo que se traduce en una desaparición cada dos horas.

 Actualmente hay 17 mil 788 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el país, con edades comprendidas entre cero y diecisiete años. De esta cifra, el 55% son niñas y el porcentaje más alto de desapariciones se registra en el grupo de edad de 12 a 17 años, alcanzando el 74%.

 De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, los estados donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidos son el Estado de México con 3 mil 740 casos; Tamaulipas con mil 704 casos y Jalisco con mil 231 casos.

 En estas tres entidades se concentra 40.8% de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta el 11 de abril de 2022.

 Geovanna Bañuelos recordó que hoy en día el Estado mexicano cuenta con herramientas para atender la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, como lo son las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, así como nuevos instrumentos y normativas como la Alerta Amber y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, que provienen de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Además, del Protocolo Alba, la Alerta migratoria y la Alerta amarilla de Interpol.

 “Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PT consideramos que la desaparición de niñas y niños es un asunto sumamente grave y complejo que requiere de una atención urgente y profunda. Las cifras representan sueños, anhelos y vidas que no deben de tener ese final”, aseveró la legisladora. 

 Y enfatizó que los datos revelados por la ONU deben de alertarnos para cambiar la situación que se atraviesa en el país. “Es fundamental que la integridad de las niñas y niños sea respetada y garantizada. Como legisladores federales es nuestra obligación y responsabilidad protegerlos. Es en la mirada de las niñas, niños y adolescentes donde se vislumbra el futuro de nuestro país”.

 Geovanna Bañuelos resaltó que las causas de la desaparición de niñas y niños son múltiples y complejas, además, varían según el contexto.

 Entre los factores más comunes se encuentran los conflictos armados, la violencia organizada, la trata de personas, la pobreza, la desigualdad y la impunidad. En muchos casos, la desaparición forma parte de un patrón más amplio de violencia y discriminación hacia ciertos grupos sociales.

 “Las consecuencias de la desaparición son devastadoras tanto para las víctimas directas como para sus familias. Las niñas y niños desaparecidos sufren un trauma psicológico profundo que puede tener efectos a largo plazo en su salud mental y en su pleno desarrollo”, sentenció.

 El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia para su análisis y posterior dictamen.