Baja en la calificación soberana.
Baja en la calificación soberana.
Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.
La reciente decisión de la agencia Moody’s de recortar la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 representa una señal de alerta máxima para la economía nacional. Al colocarse en el último escalón del grado de inversión, el país se encuentra en la frontera que separa a los emisores de deuda confiables de aquellos considerados como grado especulativo. Esta reclasificación no es un mero tecnicismo del mundo financiero, sino un reflejo directo de la percepción internacional sobre la viabilidad fiscal, el bajo crecimiento económico y la certidumbre institucional del país, lo cual desencadena una serie de consecuencias fuertemente negativas tanto a nivel macroeconómico como en la vida diaria de los ciudadanos.
A nivel nacional, la primera y más directa implicación es el encarecimiento inmediato del costo de la deuda pública. Cuando la calificación crediticia de un país disminuye, los mercados e inversionistas internacionales exigen un mayor rendimiento o tasa de interés para compensar el incremento en el riesgo que perciben al prestarle dinero al gobierno. Esto significa que la administración federal tendrá que destinar una proporción cada vez mayor de su presupuesto, financiado mediante la recaudación de impuestos, al pago del servicio de esta deuda externa e interna. Al desviar dichos recursos hacia el pago de intereses, se reduce inevitablemente el margen de maniobra y el espacio fiscal para financiar proyectos de infraestructura vitales, programas sociales, educación, sistema de salud y seguridad pública, frenando de tajo el potencial de desarrollo del país a mediano y largo plazo.
Además del duro golpe a las finanzas públicas gubernamentales, la baja en la calificación genera un peligroso efecto dominó sobre otras entidades mexicanas. Las calificaciones de riesgo de empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como de los grandes corporativos privados y la banca comercial que operan en territorio nacional, suelen estar topadas o estrechamente atadas a la calificación del soberano. En consecuencia, todas estas empresas también enfrentarán mayores costos para conseguir financiamiento en los mercados internacionales, lo que frena sus planes de expansión, modernización y contratación. A la par, este aumento generalizado en la percepción de riesgo tiende a ahuyentar tanto la inversión extranjera directa como la inversión de cartera, provocando salidas de capital que presionan fuertemente el tipo de cambio y generan episodios de volatilidad, debilitando el valor del peso frente al dólar.
Para la economía de las familias mexicanas, las implicaciones de esta degradación crediticia son igualmente palpables y preocupantes, manifestándose principalmente a través del encarecimiento sostenido del costo de vida y del acceso al financiamiento. Al aumentar el costo de fondeo para los bancos comerciales en el país, estas instituciones financieras protegen sus márgenes trasladando de inmediato el incremento a sus clientes finales. Por lo tanto, los ciudadanos de a pie experimentan un aumento directo en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito y préstamos personales o de nómina. Aquellas familias que buscan adquirir un patrimonio, iniciar un negocio propio o que simplemente recurren al crédito para financiar parte de su consumo diario, terminan pagando mensualidades mucho más altas, ahogando su flujo de efectivo y reduciendo drásticamente su ingreso disponible para cubrir otras necesidades básicas.
Asimismo, la economía doméstica se ve amenazada por las severas presiones inflacionarias derivadas de la depreciación cambiaria asociada a la fuga de capitales. Si la moneda mexicana pierde terreno sostenido frente al dólar debido a la desconfianza de los mercados, todos los bienes de consumo importados o aquellos productos nacionales que utilizan maquinaria e insumos extranjeros en su cadena de producción se encarecen de forma casi automática. Este fenómeno se traslada rápidamente a los precios al consumidor final en los supermercados, mercados y gasolineras, erosionando el poder adquisitivo del salario. Finalmente, el entorno de menor inversión privada y recortes en el gasto de capital del gobierno se traduce irremediablemente en una menor generación de empleos formales bien remunerados y en un estancamiento de las oportunidades laborales. En conjunto, estar en el umbral de perder el grado de inversión se materializa en un riesgo latente de retroceso en la calidad de vida de la población mexicana, haciendo imperativo que las autoridades corrijan el rumbo fiscal para evitar caer en el abismo del grado especulativo.
O sea, como ya decíamos en la colaboración próximo pasada, no todo aquí es miel sobre hojuelas. Tiempo al tiempo, pues.
estradagp@hotmail.com
