Premio a la extorsión.
Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.
La reciente claudicación del gobierno federal ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) representa uno de los episodios más graves de decadencia institucional en la historia reciente. La entrega de 800 millones de pesos (o más, eso se dijo), disfrazados de supuestos apoyos al magisterio, y la concesión de miles de plazas automáticas a favor del sindicato a cambio de liberar las vías de comunicación, no es una negociación política, sino el pago de un rescate. Ceder a este chantaje criminal constituye una pedagogía gubernamental desastrosa, pues enseña a la población que la violencia y el caos son las llaves maestras para abrir las arcas de la nación.
Desde una perspectiva jurídica y de Estado de Derecho, esta capitulación es el peor ejemplo posible para la sociedad mexicana. Al permitir que sea una facción sindical, y no el mérito académico o la legalidad institucional, quien decida el destino y la asignación de las nuevas plazas docentes, el gobierno renuncia a su rectoría y pisotea los principios constitucionales. Se institucionaliza la ilegalidad al demostrar que el ordenamiento jurídico es letra muerta frente a la fuerza coercitiva de los grupos radicales. El mensaje enviado a la ciudadanía es nítido y destructivo: en México, cumplir la ley es una desventaja competitiva, mientras que delinquir sistemáticamente es una estrategia rentable.
Como modelo de resolución de conflictos, acceder a la extorsión es la forma más torpe y contraproducente de negociar con grupos de presión. Al recompensar económicamente el estrangulamiento logístico y la toma de instalaciones, el Estado genera un incentivo perverso que garantiza la repetición incesante de estas conductas. En cualquier teoría elemental de negociación, cuando se cede ante la amenaza de un daño, no se compra la paz definitiva, sino que se financia la próxima paralización. El gobierno, lejos de desactivar el conflicto, ha dotado a la CNTE de mayores recursos económicos y de un inmenso poder político para perpetuar sus métodos de secuestro social.
Esta dinámica genera una profunda anomia social y un daño moral incalculable. Mientras el ciudadano ordinario, el empresario, el profesionista y el contribuyente enfrentan a un aparato estatal punitivo, rígido en la recaudación y burocrático en la exigencia de sus obligaciones formales, observan atónitos cómo ese mismo Estado se doblega y premia con cientos de millones de pesos a quienes destruyen el patrimonio público y privado. Esta asimetría aniquila la confianza en las instituciones públicas y fractura el pacto cívico indispensable para la convivencia pacífica en el país.
Claudicar ante las vías de hecho no es un triunfo de la política, sino la rendición absoluta de la legalidad. Un gobierno que pacta con quienes lo secuestran renuncia a su deber fundamental de salvaguardar el orden público. Para consolidar la seguridad jurídica que nuestro país requiere urgentemente, es impostergable erradicar la cultura del chantaje corporativo; de lo contrario, los mexicanos seguiremos siendo rehenes de quienes han descubierto que la extorsión es el negocio más protegido y lucrativo del país.
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