Política

Vivienda para arraigar: el gran reto del Cañón de Juchipila y el sur de Zacatecas

  • Acceder a una casa propia se ha vuelto cada vez más difícil en municipios como Jalpa, Moyahua, Villanueva y Tlaltenango.
  • El impulso federal debe traducirse en hogares accesibles, comunidades con servicios y oportunidades para que las nuevas generaciones puedan permanecer en Zacatecas.

Por la Mtra. en Derecho Electoral Julia A. Olguín Serna
Diputada federal con licencia
Colaboración especial para Pulso del Sur

Tener una vivienda significa mucho más que contar con cuatro paredes y un techo. Representa seguridad, patrimonio, estabilidad familiar y la posibilidad de construir un proyecto de vida. Sin embargo, para miles de jóvenes y familias zacatecanas, adquirir o edificar una casa se ha convertido en una meta cada vez más difícil de alcanzar.

El programa Vivienda para el Bienestar representa una oportunidad importante para nuestro estado. La meta anunciada para Zacatecas aumentó de 18 mil a 26 mil viviendas: 12 mil estarán a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda y 14 mil corresponderán al Infonavit. Este esfuerzo forma parte de una estrategia nacional que contempla la construcción de 1.8 millones de hogares durante el sexenio.

Como diputada federal electa por el Distrito 2, conozco las necesidades de municipios como Villanueva, Jalpa, Tlaltenango, Moyahua y de muchas otras comunidades donde la demanda habitacional ha aumentado. La llegada de instalaciones militares y de la Guardia Nacional también ha generado nuevas necesidades de renta, servicios y vivienda, haciendo más evidente la falta de una planeación urbana adecuada.

En el sur de Zacatecas, construir una casa resulta especialmente costoso. El precio de los terrenos, los materiales y la mano de obra se desarrolla dentro de una economía estrechamente vinculada con la migración y el dólar. Esta realidad ha elevado el valor de muchas propiedades y ha dejado fuera del mercado a jóvenes trabajadores que, aun teniendo empleo, no pueden reunir el enganche ni acceder a un financiamiento suficiente.

Por eso, la política de vivienda debe ir más allá de construir conjuntos habitacionales. Se requieren reservas territoriales, certeza jurídica, créditos accesibles, servicios básicos, transporte, escuelas y espacios públicos. Una casa alejada de las fuentes de empleo o sin agua, drenaje y electricidad no resuelve el problema; únicamente lo traslada hacia las familias.

Necesitamos crear condiciones para que las nuevas generaciones puedan estudiar, trabajar, formar una familia y permanecer en su tierra. La vivienda ayuda a combatir el abandono de nuestras comunidades y fortalece el arraigo. Hacer realidad este derecho no significa regalar patrimonio, sino brindar oportunidades justas para construirlo, porque una vivienda digna no debe ser un privilegio: debe ser el comienzo de un futuro posible.