• Firma CDHEZ de colaboración con el Ayuntamiento de Río Grande, Zac.

En visita de trabajo por Río Grande, Zacatecas, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ) realizó la supervisión a la Casa Hogar “Santa Elena” y celebró la firma de Convenio de Colaboración con el H. Ayuntamiento del municipio.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acudió a la Casa Hogar para Adultos Mayores a revisar los protocolos sanitarios para la prevención del SARS-CoV-2 (COVID-19), con la finalidad de que se salvaguarde la salud y la vida de las personas albergadas, ya que este grupo poblacional por su edad y condición de vulnerabilidad se considera de alto riesgo.

En su recorrido por el establecimiento, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez supervisó la capacidad instalada, las condiciones de infraestructura y mobiliario, servicios como alimentación y atención médica, así como la normatividad con la que cuenta esta casa institucionalizada para personas adultas mayores.

Domínguez Campos enfatizó la necesidad de que ésta y las demás casas de asistencia para personas mayores en todo el estado, tengan en cuenta el papel fundamental que tiene la transmisión asintomática o pre-sintomática, como uno de los principales factores que contribuyen a la propagación de la COVID-19, por lo que preciso que es necesario que cuenten con una delimitación clara de las zonas de riesgo en el inmueble, a fin de reducir o evitar la propagación.

Recordó que en Zacatecas durante esta pandemia han muerto 853 personas a causa del COVID-19, de las cuales 542 (312 hombres y 230 mujeres) fueron personas de 60 años o más, lo que representa el 63.54 por ciento del total de los decesos en el estado, por eso es muy importante extremar precauciones para resguardar a las personas adultas mayores en asilos y en los hogares, a efecto de proteger su salud y su vida.

La Presidenta de la CDHEZ, recomendó seguir las medidas de higiene básicas y de prevención recomendadas por las autoridades de salud, como son el uso de cubrebocas, lavado de manos constante, la sana distancia, el uso de alcohol en gel, la sanitización de pisos, paredes y demás superficies del establecimiento, el mobiliario y el equipo; así como establecer los filtros sanitarios en el acceso principal de la casa hogar para el personal y en su caso, para proveedores que ingresan del exterior. 

Firma de Convenio

Como parte de sus actividades, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez, en representación de la CDHEZ signó un Convenio de Colaboración con el Ing. Julio César Ramírez López, Presidente Municipal de Río Grande, con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos de los habitantes del municipio, por lo que se otorgaran capacitaciones a la Síndico, Regidoras y Regidores, Secretarios, Directores y demás personal que conforman la Presidencia Municipal.

La presidenta de la CDHEZ refirió que, desde los ayuntamientos deben cumplirse eficientemente los servicios del Registro Civil, del agua potable, drenaje y alcantarillado, de alumbrado público, limpia y recolección de residuos, mercados, panteones, rastro y seguridad pública.

La titular del organismo defensor de los derechos humanos, señaló que el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir sus funciones eficientemente para contribuir en el ámbito de su competencia, a superar la crisis sanitaria, económica y de seguridad pública que se vive en el municipio, el estado y el país, derivada de la pandemia por el COVID-19 y que ha traído como resultado la pérdida de empleos y el incremento de la violencia en todas sus manifestaciones, incluida la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

Enfatizó que los Ayuntamientos no pueden quedarse al margen ni ser omisos en el papel transcendental que les ha tocado jugar ante la peor crisis del siglo, sino por el contrario, asumir con responsabilidad la implementación de medidas para la prevención del COVID-19, la ejecución de acciones necesarias para la reactivación económica y las estrategias necesarias para fortalecer la seguridad pública de sus demarcaciones municipales que permitan garantizar el orden y la paz pública, los derechos, la integridad y patrimonio de los habitantes de sus municipios.

La Ombudsperson señaló que los derechos humanos son un pilar fundamental en un estado democrático de derecho en el cual las autoridades deben promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas sin discriminación política, social y jurídica. Por lo tanto, es obligación de todas las autoridades en los ámbitos federal, estatal y municipal, cumplir con sus funciones que permitan a cabalidad el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Domínguez Campos precisó que desde el Ayuntamiento se debe generar una cultura de respeto a los derechos humanos, a través de la prevención de la violación de estos, con acciones específicas que permitan garantizar a todas las personas el acceso a sus derechos y a los servicios públicos municipales.

Detalló que, por ello es importante una intensa promoción y difusión de los derechos humanos, por lo que cobra relevancia este tipo de convenios que realiza la Comisión de Derechos Humanos con los Ayuntamientos, porque ayuda a realizar un proceso de promoción, difusión y divulgación de manera intensa, no solamente al exterior, sino fundamentalmente al interior de las administraciones municipales.

En el uso de la voz, el Ing. Julio César Ramírez López, Presidente Municipal de Río Grande, reconoció que para su administración es importante el respetar los derechos de las y los ciudadanos, por lo que desde el inició de su administración ha aceptado todas las recomendaciones en materia de derechos humanos que le ha emitido la CDHEZ y las seguirá aceptando. 

Ramírez López dijo que, con la firma de este convenio, se capacitará al personal del Ayuntamiento, tanto administrativo como de seguridad pública, y con ello evitar que se cometan violaciones a derechos humanos. Además, se comprometió designar más personal para el Juzgado Comunitario y la contratación de personal médico que certifique a las personas que son detenidas por la presunta comisión de infracciones comunitarias.