El Poder Judicial está obligado a transparentar todas las sentencias, incluyendo todas las etapas del proceso judicial
El Poder Judicial del estado está obligado a transparentar las sentencias que emita, incluyendo todo el proceso judicial y, por tanto, también el razonamiento jurídico que motivó el resultado.
Esto es posible después de que la LXIII Legislatura aprobara este jueves reformar la Ley de Transparencia de la entidad para homologarla con la Ley General a fin de establecer esta obligación de rendición de cuentas.
Las modificaciones fueron propuestas por los diputados Carolina Dávila Ramírez y Omar Carrera Pérez y, tras ser analizadas en comisiones, se emitió un dictamen conjunto que fue avalado por unanimidad en el Pleno.
Las y los diputados consideraron que a través del conocimiento del proceso judicial se puede abonar a la transparencia de la justicia, además de que este nuevo mecanismo permitirá elaborar estadísticas confiables sobre las sentencias con perspectiva de género y sanción de los delitos.
Se armoniza la legislación que regula el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática
Con el objetivo de armonizar la Ley del Servicio Civil del estado con la Constitución Política de Zacatecas, las y los diputados modificaron esta legislación en relación a la puesta en marcha del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática.
Fueron los legisladores María Edelmira Hernández Perea y Eduardo Rodríguez Ferrer quienes presentaron las iniciativas que este jueves fueron aprobadas, tras darse a conocer el dictamen correspondiente, y por las que se fortalece el carácter colegiado de este organismo, su independencia e imparcialidad.
Además, se garantiza la inmediatez en la impartición de justicia al obligar a los magistrados del tribunal, a quienes se les confieren responsabilidades como instructores, a que estén presentes en el desarrollo de los procedimientos. De esta forma, se destaca que las sentencias que presenten ante el Pleno estarán debidamente fundadas y motivadas.
En el dictamen se hace hincapié en que esta reforma “no pretende abordar la modificación de ninguno de los derechos de los trabajadores ni el régimen legal de los sindicatos, por lo que la parte sustantiva quedaría intocada, salvaguardando en todo momento los derechos y prestaciones de los que gozan los servidores públicos, de acuerdo con el texto legal vigente”.
