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Llaman a autoridades estatales a garantizar el regreso seguro de los habitantes de Ermita de los Correa a sus hogares

Los desplazamientos forzados por la violencia en el territorio zacatecano son una realidad y desde el Poder Legislativo, conscientes de la responsabilidad que tiene el Estado y todas sus instituciones, las y los diputados hicieron un llamado para que se atienda de manera integral a los habitantes de la comunidad Ermita de los Correa, ubicada en el municipio de Jerez y una de las localidades donde sus vecinos huyeron de sus hogares por la inseguridad.

Mediante un punto de acuerdo presentado por la diputada María del Refugio Ávalos Márquez, y aprobado como urgente por el Pleno, la LXIV Legislatura exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública para que mantenga en esta población la presencia permanente de elementos de seguridad y a la Secretaría General de Gobierno a fin de que cree una comisión especial para la intervención y atención inmediata de esta situación.

Con esta iniciativa también se le pide a la Comisión de Derechos Humanos del Estado que asigne un visitador especial que dé seguimiento al desplazamiento forzado ocurrido en esta localidad.

El objetivo de estos llamados es “devolver la paz y la tranquilidad a la comunidad, pero sobre todo, con la intención de que todas aquellas personas que se han visto en la necesidad de desplazarse de su hogar por los altos índices de violencia, tengan la posibilidad de volver y restablecer sus actividades de forma ordinaria y segura, con pleno respeto a sus derechos humanos”.

La LXIV Legislatura se suma a las iniciativas federales de reforma encaminadas a recuperar el Fondo Minero

Con el objetivo de recuperar los recursos del Fondo Minero, la LXIV Legislatura busca que en la Cámara de Diputados se apruebe la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos que presentó el diputado federal zacatecano Miguel Ángel Varela Pinedo.

El legislador Enrique Laviada Cirerol presentó esta iniciativa de punto de acuerdo que fue avalada como urgente por la Asamblea y en la que se recuerda, primero, que en 2019 se modificó esta misma legislación federal para cancelar este fondo y destinar la mayoría de la recaudación obtenida por actividades extractivas a la Secretaría de Educación Pública, con un 85 por ciento, dejando un 5 por ciento para la Secretaría de Economía y un 10 por ciento para programas de infraestructura del gobierno federal.

La propuesta de reforma presentada por Varela Pinedo, y respaldada desde Zacatecas con este llamado dirigido a la Cámara de Diputados, busca cambiar “los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos para regresar al Fondo Minero su finalidad y objetivos, para que los ciudadanos de las regiones con actividades mineras puedan compensar el impacto en sus comunidades con obras que les permitan mejorar su entorno y su calidad de vida”.

Para ello, vuelve a proponerse que de la recaudación federal se destine el 77.5 por ciento al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros y que la mayor parte de este dinero sea directamente para los municipios y el resto para las entidades federativas. Asimismo, se contempla un 2.5 por ciento del recurso para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En la discusión del punto de acuerdo se inscribieron para hablar a favor los diputados Ernesto González Romo, Guadalupe Correa Valdez y José Luis Figueroa Rangel.

Solicitan el envío a Zacatecas de más elementos de la Guardia Nacional

En los últimos cinco años la violencia en la entidad, manifestada en la comisión de delitos, sobre todo los de alto impacto como el homicidio, se ha disparado incrementándose más de 270 por ciento. Mientras tanto, la tasa de homicidios en el territorio estatal ha pasado también en un lustro de 17 a 64 casos por 100 mil habitantes.

Estas cifras muestran la gravedad de las condiciones en las que actualmente se encuentra Zacatecas y fueron expuestas por los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, Ana Luisa del Muro García, Xerardo Ramírez Muñoz y José Luis Figueroa Rangel, quienes presentaron una iniciativa de punto de acuerdo que fue aprobada por la Asamblea, después de que se considerara como un tema urgente.

Mediante esta propuesta, la LXIV Legislatura hizo un llamado a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para que dé la instrucción de desplegar más efectivos de esta institución en el territorio zacatecano debido a la situación de emergencia que en estos momentos se vive en materia de seguridad.

Las y los legisladores sostuvieron que, siendo la Guardia Nacional un pilar central para el combate al crimen y a la comisión de delitos, es necesario que lleguen más elementos a la entidad para que se logre “una mejor estrategia de combate a la delincuencia y una mejor coordinación y refuerzo a nuestras fuerzas de seguridad estatales y municipales, las cuales hasta el momento se han visto rebasadas en capacidad de reacción y contención de los altos índices de criminalidad”.

Se aprueba un exhorto para buscar soluciones de fondo al problema del pago de la nómina magisterial

Con un punto de acuerdo propuesto por la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, se hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que permita que las autoridades de Zacatecas armonicen las prestaciones de los trabajadores del sistema educativo estatal para que se garantice el recurso federal para estos pagos.

Las y los diputados se enfocaron a encontrar una solución de fondo y a largo plazo para esta problemática, incluyendo la totalidad de las prestaciones y pagos educativos en Zacatecas en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE). En la discusión en lo general de esta iniciativa subió a tribuna el diputado José Luis Figueroa Rangel.

En la iniciativa avalada por el Pleno se sostiene que las autoridades locales, en años pasados, debieron hacer los trámites necesarios para que la Federación asumiera por completo el pago a los maestros.

Sin embargo, se agrega que esto no ocurrió y “de forma irresponsable se dejaron fuera gran parte de sus prestaciones, en detrimento de los estados financieros del estado y poniendo en riesgo el sueldo de los trabajadores de la educación estatales”.