“Energías limpias y renovables en la transición energética”, tema del Foro 20 del Parlamento Abierto

• Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, plantearon cuestionamientos

• Participaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, abogados, sociedad civil y académicos

Como parte del Foro 20 “Energías limpias y renovables en la transición energética” del Parlamento Abierto de la Reforma Energética, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, plantearon cuestionamientos a las y los ponentes de la jornada de hoy.

Morena

El coordinador de Morena, diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, agradeció a todas y todos por su participación en este ejercicio democrático que impulsa la Cámara de Diputados. Mencionó que el artículo 27 que se plantea reformar establece con precisión que le corresponde al Estado quedar a cargo de la transición energética.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández dijo que existen energías limpias que pueden sustituir a las energías renovables, que pueden generar beneficios ambientales superiores y que además sustituirían el gasto tan impresionante que hace hoy el gobierno mexicano. Preguntó si se estaría de acuerdo en sustituir las energías renovables por las limpias.

A su vez, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas afirmó que se está a favor de la transición energética y es algo que sí está contemplando en esta iniciativa. Inquirió si ¿esta iniciativa de aprobarse resuelve o no las necesidades energéticas que México necesita? ¿Contempla o no el desarrollo de la sustentabilidad y sostenibilidad? Y si combatiría el fenómeno del cambio climático desde la transición energética, además de garantizar o no la energía para el presente y futuro con tarifas justas.

PAN

El diputado Ignacio Loyola Vera preguntó si se requiere una reforma constitucional para hacer la planta fotovoltaica en la Ciudad de México sobre la plataforma de la Central de Abasto, y si la reforma ayudaría para hacer más rápida la transición energética en este país.

El diputado Santiago Torreblanca Engell señaló que la división corporativa de la CFE fue una cuestión de transparencia para saber quién está ganando y quién está perdiendo. “Se mencionó que hay un problema del mercado eléctrico mayorista que existe entre los grandes consumidores y distribuidores, y que la CFE incurre en gastos de respaldo, pero si ese es el problema por qué no simplemente se cobra ese respaldo y no hace falta una reforma constitucional”.

PRI

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho consideró que la transición energética es urgente y se debe poner al principio de la agenda de esta reforma. Cuestionó cuánto debería invertir la CFE en energía limpia para construir las plantas de generación eléctricas limpias y renovables y además modernizar las actuales. Asimismo, ¿no se tendría que involucrar a los consumidores, a la iniciativa privada y al Gobierno en esta transición energética?

El diputado Roberto Carlos López García comentó que los únicos proyectos que la CFE plantea construir en esta administración son más centrales eléctricas de ciclo combinado, “las mismas que van a necesitar como base para su funcionamiento el gas natural”; por lo que cuestionó si la importación garantiza la soberanía energética. También preguntó sobre la reducción de gasees de efecto invernadero.

PVEM

El coordinador del PVEM, diputado Carlos Alberto Puente Salas, lamentó que el verdadero interés económico que existe en el marco de la reforma eléctrica se esconda bajo el falso discurso de que se promueven las energías fósiles y se acaba con las renovables. Aseguró que llevar la transición energética a la Constitución permitirá hacer frente a lo que importa del cambio climático y cuestionó si se está a favor de ese cambio y sobre las inversiones en materia de energías limpias para evitar mayores costos en el futuro.

La diputada Karen Castrejón Trujillo inquirió que en el contexto de promover la sustentabilidad del sector eléctrico y garantizar la continuidad y confiabilidad en el suministro de electricidad, cuál sería la consecuencia jurídica de establecer el mandato constitucional de que como garante de la transición energética el Estado deba utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía, con el objetivo de reducir las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero.

PT

El diputado Gerardo Fernández Noroña expresó que se plantea jugar limpio pero la industria eléctrica extranjera que defienden algunos produce el 56 por ciento del monóxido de carbono en México y electricidad con el 83 por ciento de gas petrolífero. Preguntó si los discursos en contra de la propuesta compaginan con los 20 amparos de esas empresas extranjeras.

MC

El diputado Manuel Herrera Vega preguntó si la propuesta de reforma realmente podrá contribuir o garantizar la transición a las energías renovables, en el entendido de que la CFE no tiene recursos y este año se invertirán 73 mil millones de pesos en subsidios y cuando se argumenta que el 46 por ciento podría ser inversión privada y ellos dicen que no invertirán con un monopolio de la CFE.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco señaló que es necesario ampliar los procesos de descarbonización y reducir el uso de combustóleo y el acceso masivo a energías limpias, con la finalidad de sumar a los gobiernos urbanos que concentran mayores emisiones de contaminación debido a su densidad poblacional e industrial.

PRD

A su vez, el diputado Mauricio Prieto Gómez expresó que el gobierno de la Ciudad de México se ha caracterizado por ser progresista, de avanzada en materia social y ambiental, pero hay discrepancia entre los gobiernos Federal y de la Ciudad de México, en donde se impulsan las energías limpias con los vehículos eléctricos, pero el Gobierno anuncia regularizar miles de autos llamados “chocolate” que son altamente contaminantes.

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo cuestionó si existen incentivos para la generación de energías limpias, toda vez que se sigue siendo fósil, no se toma en cuenta a los pueblos originarios, no hay consultas en cuanto a los principales yacimientos de litio; además, la reforma no garantiza que las y los mexicanos paguen menos por la luz que consumen y tampoco está alineada a la Agenda 2030 ni a la transición energética.

Respuesta de ponentes

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, enfatizó que el objetivo de la reforma del Presidente de la República “es un futuro ordenado, de bienestar para todos, un futuro de soberanía nacional y un futuro donde las energías renovables y las energías limpias sean parte de un desarrollo sustentable del país, pero para beneficio de todos, no de unos cuantos”.

Resaltó que la idea de que se van a ir las inversiones privadas de México por la reforma eléctrica “es falsa, no tendría por qué ser; más bien hay que conocer la reforma eléctrica que se está planteando, lo que significa en términos del desarrollo del país, lo que significa en términos del ordenamiento futuro, y entonces sí las inversiones privadas de distinto tipo tienen un potencial mucho mayor dado que se ordena el sector eléctrico nacional y la producción de energía, que es fundamental para cualquier inversión privada”.

Precisó que no se elimina la participación privada, “se disminuye al 46 por ciento, ese es el planteamiento de la reforma”. Subrayó que no se puede dejar al mercado eléctrico el crecimiento del sector eléctrico nacional, se requiere necesariamente de una planeación.

Comentó que la inversión que se está haciendo hoy en repotenciación de las hidroeléctricas es muy importante, con eso se va a lograr el objetivo para el 2030 planteado por México.

Nora Cabrera Velasco, abogada y directora de la organización “Nuestro Futuro AC”, mencionó que en los términos en los que está planteada la reforma no se prevé un plan de transición energética justo, creíble y viable. “Se frena la transición energética actual, sin que exista un plan real y tangible”.

Añadió que probablemente hay otras herramientas o mecanismos para pasar de las energías fósiles a las limpias, pero la redacción no lo prevé. Negó ser representante de alguna empresa o defenderla, sino ser defensora de la transición energética justa en México y que sea viable con un plan real.

Hizo un llamado a discutir una verdadera transición energética y que haya más energías limpias y menos sucias. “Esto es un proceso que debe ser gradual y permanente; eso es lo queremos que se reflejara en el texto constitucional y con una mirada en el presente pero con visión en el futuro”.

Graciela Domínguez López, titular de la coordinación de Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, puntualizó que la propuesta tiene una redacción confusa y poco precisa, principalmente en la exposición de motivos en donde se vislumbra un ideario que poco está vinculado a reglas precisas. Además, dijo, es inequitativa la comparación con la Ley de la Industria Eléctrica y la Reforma Energética de 2013.

Consideró fundamental establecer procesos de transparencia, sobre todo cuando se habla de dinero y conservar a los órganos reguladores. “Yo estoy a favor de que se mantenga la Reforma Eléctrica de 2013; sin embargo, no me atrevo a decir que no hay procesos de corrupción en el mercado eléctrico actual. Como mexicana, lamentablemente, creo que existe y exijo a las autoridades que lo corrija y aplique la ley que ya existe”.

Afirmó que no se necesita una ley nueva sino aplicar de manera correcta la legislación vigente; es perfectible, pero fue bien diseñada. Se pronunció por promover las energías limpias y renovables, pero sin limitar y dar la oportunidad a la población a que desarrollen tecnologías que ayuden a evitar la intermitencia de las renovables.

Mauricio Limón Barrera, de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, precisó que lo importante es diversificar el portafolio de energéticos, no sustituir unos por otros y tener un claro compromiso que en 2030 no habrá carbón ni combustóleo. “A partir de ello, hay un conjunto de energías como el hidrógeno verde y la generación por biomasa que se pueden considerar”.

Una transición energética que entre en la Constitución, sí, pero no así, porque como está planteada hay una confusión en la propia redacción; “parece un chipote metido ahí el tema de transición en el contexto del fortalecimiento de la CFE”, agregó.

Expuso que si se quiere una transición justa, transparente e incluyente, debe ser en manos del Estado, no en manos de una empresa ni privada ni pública, y con una visión que no imponga.

Paulina Garrido Bonilla, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, planteó hacer modificaciones específicas a la iniciativa para fortalecerla a través de la inclusión de garantías constitucionales respecto al derecho a la generación de energía renovable por los pueblos y comunidades, núcleos agrarios, comunidades urbanas marginadas que así lo decidan. Asimismo, la inclusión explícita del derecho humano a la energía eléctrica de manera suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso doméstico.

Además, la protección y respeto de los derechos territoriales y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables y de núcleos agrarios, ejidos y bienes comunales. Sostuvo que “sí estamos a favor, pero insistimos en los vacíos que existen y que es necesario que se considere al sector social”.

Francisco Xavier Diez Marina Palacios, profesor en la Facultad de Derecho, Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, afirmó que habrá en los próximos años una reconfiguración del mapa geopolítico; “necesitamos abogar por la descarbonización de la electricidad después de la descarbonización de la economía, pero primero tenemos que abonar para generar inversiones, tanto públicas como privadas en la generación, robustecer los sistemas de transmisión y distribución, y utilizar nuestras potencialidades en minerales estratégicos para la transición”.

Resaltó que se debe abogar por un sistema nuevo en la transición energética que se mandate constitucionalmente como viene establecido en el transitorio quinto o en el artículo 27 constitucional que dice que efectivamente se deberán aprovechar sustentablemente los recursos de la nación. Mencionó que la Constitución tiene el mandato de la sistematicidad, el cual permite interpretar y extraer temas para mandatar en leyes secundarias.

Comentó que, hablando de la soberanía del sector energético, “efectivamente la transición energética debe ser el eje rector de la política social, económica, financiera y también de estudio y renovación del federalismo”. Estimó que el Estado se debe allegar de todas las fuentes que tiene a la mano para apalancar esta transición energética.