Transparentar el peor desastre ambiental en la historia de la minería mexicana

La posibilidad de acceder a información pública permite que la calidad de vida de las personas mejore sustancialmente: un trabajador que recibe datos sobre las semanas cotizadas para jubilarse; estudiantes que se enteran de nuevas becas; personas privadas de la libertad que consiguen una defensa de su caso, son sólo algunos ejemplos de ello. Con el derecho a un medio ambiente sano ocurre lo mismo.

El pasado 17 de enero expuse en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) un proyecto de resolución en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona requirió a dicha Comisión información sobre las acciones que realizó respecto a la contaminación del Río Sonora ocurrida en el año 2014.

COFEPRIS respondió a la solicitud ciudadana argumentando que, por un lado, no localizó la información requerida y, por el otro, que lo que encontró son documentos reservados. Por ello, la persona solicitante se agravió (se quejó) e interpuso un recurso de revisión ante el Instituto. Desde el INAI revocamos por unanimidad la respuesta de COFEPRIS pues, primero, esta dependencia no indicó en qué unidades administrativas competentes realizó la búsqueda de información; y segundo, la causal de reserva que quiso utilizar para no transparentar lo peticionado no aplica en este caso.

Como lo ha dicho la prensa especializada, activistas y distintas organizaciones de la sociedad civil, el próximo 6 de agosto se cumplirán 10 años de impunidad del “peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”. Hablamos del derrame generado por una mina de la empresa Grupo México en los Ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a más de 24 mil personas.

Los 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado (deshechos tóxicos) derramados ocasionaron profundos estragos de envenenamiento de los ríos, situación que no solamente privó a comunidades del derecho básico al agua, sino también afectó a flora, fauna, y a campesinos y ganaderos de sus medios de vida. Un estudio de la UNAM elaborado en 2015 y 2016 documentó alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna contaminada y personas con altos niveles de plomo en la sangre en al menos siete municipios aledaños a los ríos afectados.

En mayo de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) afirmó que la remediación y las sanciones por la actuación corporativa irregular responsable del derrame no ocurrieron^[1]. De igual forma, de acuerdo con los Comités de Cuenca Río Sonora, lo que sucedió posterior al derrame minero fue un entramado de simulaciones (entre la empresa responsable y diversas instituciones del Estado) donde “únicamente ganó el beneficio privado empresarial”^[2].

De igual forma, una investigación de FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C. refleja la opacidad del “Fideicomiso Río Sonora”, instrumento jurídico creado para remediar el problema, pero que fue extinguido en 2017. Esta organización mostró cómo la distribución de los apoyos a las víctimas fue irregular y poco equitativa, pues no se hicieron los estudios socioeconómicos necesarios. A pesar del Fideicomiso, no se instalaron todas las plantas potabilizadoras y se dejó en obra negra la clínica que atendería a las personas.

Actualmente, los Comités de Cuenca Río Sonora exigen: la instalación de más plantas potabilizadoras; la creación de un centro toxicológico para la salud; un plan de justicia transexenal; la remediación real del daño; la restitución del Fideicomiso Río Sonora; entre otros requerimientos. Específicamente, se le pide a COFEPRIS que alerte a la población sobre los riesgos de la exposición crónica a los metales pesados y que cumpla su compromiso de construir el centro de atención a la salud^[3].

El acceso a la información es un derecho que puede abrirnos los ojos para exigir que las autoridades rindan cuentas de su actuar. Denunciar una injusticia ajena es también defender nuestros derechos.

@JulietDelrio

^[1] https://www.gob.mx/semarnat/prensa/presenta-semarnat-dictamen-diagnostico-ambiental-del-rio-sonora?idiom=es

^[2] https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2023/07/27/no-hubo-remediacion-por-derrame-toxico-en-el-rio-sonora/

^[3] https://poderlatam.org/2023/08/nueve-anos-sin-justicia-en-rio-sonora/