Piden tipificar el robo de agua potable de la infraestructura hidráulica y su venta clandestina a través de pipas

El diputado Manzanilla Téllez (PT) propone reformar el Código Penal Federal

El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) planteó reformar el Código Penal Federal para sancionar de cuatro a ocho años de prisión y de cien a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien cometa el delito de robar, explotar, sustraer, transportar o comercializar agua potable alterando la infraestructura hidráulica nacional autorizada, sin el título respectivo que las leyes aplicables establecen.

Asimismo, a quien realice una perforación subterránea para sustraer aguas nacionales, sin la concesión respectiva que la norma oficial determina.

Cuando el robo sea cometido con el fin de distribuir o suministrar el agua potable a través de pipas u otros medios de almacenamiento, para obtener beneficio económico, se sancionará con una pena de seis a doce años de prisión y de doscientas a dos mil días conforme a la UMA. Y si las conductas ilícitas son cometidas por personas servidoras públicas, la pena se incrementará el doble, agrega.

La iniciativa, que se analiza en la Comisión de Justicia, considera que la tipificación de estas conductas como delitos en el citado Código es una medida urgente y necesaria para proteger a la ciudadanía, garantizar una distribución justa del agua, y asegurar la conservación de los recursos hídricos para futuras generaciones.

Menciona que la práctica de robo de este líquido y su venta clandestina a través de pipas afectan su acceso en diversas zonas del país, e incrementa la desigualdad en el suministro, lo que genera mercados ilegales y precios exorbitantes.

Refiere que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) más del 10 por ciento de los hogares no tienen acceso directo al agua potable, cifra que se agrava en estados con alta marginación y climas áridos como Sonora, Chihuahua y Baja California.

Precisa que los factores que agravan esta situación son el robo de agua mediante conexiones ilegales a las redes públicas de distribución, así como la venta clandestina por pipas que extraen el recurso de manera ilegal de pozos o cuerpos de agua públicos. Estas prácticas violan los derechos de la ciudadanía y generan un mercado negro que afecta a las comunidades más vulnerables.

Señala que en zonas urbanas como la Ciudad de México y el Estado de México, la demanda por parte de la población es aprovechada por grupos que extraen agua de pozos ilegales para venderla en pipas clandestinas. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al menos 40 por ciento del líquido suministrado en estas entidades se pierde o desvía de manera irregular, lo que incluye fugas y tomas ilegales.

Informa que las pipas clandestinas pueden llegar a vender el agua a precios que oscilan entre 800 y 2 mil pesos por tanque, lo cual representa una violación del derecho al acceso equitativo y justo de este recurso.

Cita que el impacto social, económico y ambiental que deja este fenómeno es la desigualdad en su acceso, desestabilización del sistema hídrico, desabasto e impacto ambiental, ya que el agua robada y distribuida sin regulación afecta también la sostenibilidad de los recursos naturales.

Asimismo, tiene un impacto económico elevado, pues los gobiernos locales y las concesionarias de agua pierden ingresos por la sustracción ilegal del recurso, lo que a su vez repercute en su capacidad de inversión para mejorar la infraestructura de distribución.

La iniciativa enfatiza que si bien en algunas entidades federativas existen regulaciones que sancionan estas prácticas, la falta de una tipificación federal permite que el robo siga proliferando en diversas regiones del país.

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