Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos emite opinión favorable al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
- También aprobó opinión sobre la entrega de informes individuales de auditorías
- Avaló su primer informe semestral de actividades
La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que encabeza la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (Morena), avaló por 21 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, su opinión en sentido positivo respecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030.
La opinión en sus resolutivos señala que el PND presentado por la titular del Ejecutivo Federal incorpora de manera integral los fines del proyecto nacional y se ajusta a los principios constitucionales vigentes, particularmente aquellos establecidos en el artículo segundo de la Constitución Política, en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Asimismo, adiciona a la opinión un anexo que contiene todas las observaciones y participaciones de las y los diputados integrantes de este órgano legislativo, por considerar que la apertura al debate nutre y fortalece el quehacer legislativo sin prescindir que dichas participaciones se hicieron a título personal.
La presidenta de esa instancia resaltó que la planeación y políticas públicas del Plan son fundamentales para guiar el desarrollo y la transformación del país de manera estructurada y sostenible, y que para su construcción fue necesario observar el derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades.
Destacó que, dentro de este Plan, el eje transversal número tres, “Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, existen las siguientes propuestas: que los recursos presupuestales sean dirigidos a las comunidades indígenas y afromexicanas permitiendo su gestión directa.
Garantizar la participación y representación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la toma de decisiones a nivel federal, establecer las medidas para fortalecer los espacios de representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos en las instancias de toma de decisiones, e implementar las acciones para fortalecer la memoria, la gestión comunitaria y la salvaguarda del patrimonio biocultural de nuestros pueblos.
También, crear la comisión presidencial de planes de justicia y de desarrollo regional de los pueblos indígenas y afromexicanos que garantizará la implementación de 17 planes en dos estados de la República; implementar la ley general de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para asegurar su reconocimiento, respeto y ejercicio efectivo de sus derechos en el marco del ordenamiento jurídico nacional.
La diputada Rosa María Castro Salinas (Morena) dijo que el eje transversal número tres pretende erradicar la discriminación hacia los pueblos indígenas y afromexicanos garantizando su acceso a derechos y oportunidades en igualdad de condiciones.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (PAN) solicitó que el resolutivo quede como estaba en la propuesta original, el cual decía lo siguiente: se adiciona en la presente opinión un anexo que contiene todas las observaciones y participaciones de las y los diputados integrantes de este órgano legislativo por considerar que la apertura al debate nutre y fortalece el quehacer legislativo sin prescindir que dichas participaciones se hicieron a título personal
El diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán (Morena) se sumó a que el resolutivo al Plan Nacional de Desarrollo quede como estaba la propuesta original.
A su vez, Alfredo Vázquez Vázquez, diputado de Morena, comentó que se debe hacer el máximo esfuerzo para que se escuchen las voces desde los territorios. “Me parece que debieron desarrollarse reuniones en todo el país para contemplar las opiniones de los pueblos y comunidades indígenas”.
Opinión a informes de auditorías
Por unanimidad de 25 votos se aprobó la opinión respecto a la tercera entrega de Informes Individuales de Auditorías y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, mismo que se remitió a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para sus efectos reglamentarios.
La diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez dijo que la fiscalización y rendición de cuentas se consolida como una herramienta indispensable para evaluar el desempeño de las instituciones públicas en la asignación y ejecución de los recursos destinados a sus funciones y objetivos, además de ser un mecanismo preventivo en contra de la corrupción.
Informó que como resultados generales de la tercera y última entrega de los informes individuales se desprende que se realizaron mil 623 auditorías y se recuperaron 930 millones de pesos a favor de la Federación.
Agregó que respecto del Anexo 10 denominado “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos indígenas y Comunidades Indígenas” del Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal 2023, específicamente de la Auditoría concerniente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas sobre las erogaciones del programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, se desprendió que se cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables.
Por ello, agregó, “la Comisión emite su opinión en sentido positivo y exhorta a las entidades fiscalizadas a atender puntualmente los requerimientos planteados por la Auditoría Superior”.
Informe semestral
Las y los diputados avalaron con 24 votos su primer Informe semestral en el que se destaca que en la actual Legislatura se realizaron tres reuniones ordinarias y cinco de junta directiva.
En ellas, se aprobaron el programa anual de trabajo, opiniones relativas a iniciativas, opinión respecto al presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 y se puso en marcha la iniciativa “las lenguas toman la tribuna” para fomentar, difundir y proteger las lenguas.
La diputada Jiménez Vásquez informó que la Comisión cuenta con un micrositio en el que se publican los documentos generados y aprobados en cada reunión, con lo que se dio cumplimiento a las obligaciones de transparencia relacionadas con el sistema de portales de obligaciones de transparencia. Se envió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para los efectos conducentes.
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