Propone Geovanna Bañuelos recuperar el Fondo Minero y transformarlo en justicia social

Ciudad de México. – Con el fin de garantizar el bienestar e impulsar la infraestructura básica en los municipios con actividad minera, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre presentó una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a fin de que los ingresos del Fondo Minero se apliquen en áreas críticas que impacten directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos.

Al fundamentar la propuesta, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) explicó que el objetivo es devolver el sentido social y de justicia al Fondo Minero, mediante un mecanismo blindado y una redistribución más adecuada en beneficio de las comunidades y pueblos con vocación minera.

“Con esta reforma, el Fondo Minero dejará de ser un recurso administrado a distancia y volverá a ser un instrumento de desarrollo local, transparente, eficiente y con verdadero impacto social”, señaló la legisladora zacatecana.

De acuerdo con la propuesta, los ingresos obtenidos por los derechos especiales y extraordinarios sobre minería se destinarían de la siguiente forma:

• 40% para la Secretaría de Educación Pública (SEP),

• 40% para la Secretaría de Salud, y

• 20% para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Asimismo, se plantea que parte de los recursos se utilicen para la adquisición, instalación, mantenimiento y modernización de equipos tecnológicos destinados a fortalecer la seguridad pública, como cámaras de videovigilancia, sistemas de comunicación, plataformas de gestión e inteligencia artificial orientadas a la prevención e investigación de delitos.

“La devolución de los ingresos obtenidos por los derechos especiales y extraordinarios sobre minería a las comunidades representa un acto de justicia con todas las entidades que sostienen con su tierra la riqueza minera de México”, afirmó Bañuelos.

La iniciativa establece que el 85% de lo recaudado se destine directamente a los municipios donde se ubican las concesiones mineras, asegurando que las comunidades que enfrentan los costos ambientales y sociales sean las principales beneficiarias. El 15% restante se aplicará en programas de infraestructura con impacto regional y nacional.

“Esta propuesta no solo busca justicia fiscal, busca justicia social. Propone un modelo de redistribución equitativa que transforme los recursos del subsuelo en escuelas con tecnología, clínicas equipadas y calles seguras”, enfatizó la senadora.

En el caso de Zacatecas, recordó que entre julio de 2024 y julio de 2025 la entidad produjo 3.6 toneladas de oro, con un valor superior a 492 millones de dólares, sin que dichas ganancias se reflejen en carreteras dignas, hospitales, escuelas equipadas o servicios públicos de calidad.

Bañuelos señaló que esta reforma representa una oportunidad para atender los rezagos históricos que han acompañado a la minería, como el abandono de comunidades, la falta de servicios básicos, el deterioro ambiental y la inseguridad.

“Zacatecas enfrenta un contexto complejo en materia de violencia y delincuencia. Por ello, destinar recursos a la modernización de equipos tecnológicos de videovigilancia, comunicación e inteligencia artificial permitirá fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y atender los delitos, generando condiciones de paz y confianza para los habitantes y para la inversión productiva”, puntualizó.

Puedes consultar el documento completo en el sitio oficial del Senado de la República.