La protección de datos personales exige verdad, no desinformación: Julieta Del Río

•  El INAI sí realizó investigaciones de oficio y resolvió cientos de casos de protección de datos personales, tanto en el ámbito público como privado.
• Durante la operación del INAI se tramitaron 173 mil 39 medios de impugnación; de éstos, 22 mil 820 correspondieron a protección de datos personales y 150 mil 219 a solicitudes de acceso a la información

“Cuando existía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una de sus funciones sustantivas era la protección de los datos personales de las y los mexicanos, tanto en el ámbito público como en el privado, facultad que se cumplió y de la cual existen cifras, expedientes y resoluciones que así lo acreditan. Cientos de casos fueron atendidos, muchos de ellos de oficio, y los registros oficiales lo demuestran”, afirmó Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI.

Agregó que, en los últimos días, se ha intentado instalar una narrativa que sostiene que el INAI no investigaba de oficio o que mantenía expedientes guardados hasta su caducidad. Estas afirmaciones, subrayó, no sólo desconocen la realidad institucional, sino que contradicen información pública, informes de ley y notas periodísticas ampliamente documentadas.

“Existe mucha desinformación y basta revisar algunos casos de alto impacto mediático para constatarlo. Se abrieron cientos de investigaciones por la filtración y vulneración de números telefónicos de diversos actores políticos, tras hechos difundidos públicamente. Además, el Instituto inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, información que fue exhibida durante una conferencia matutina en Palacio Nacional”, explicó.

Del Río Venegas añadió que, de igual forma, se realizó una investigación de oficio por la presunta filtración de datos personales de periodistas que cubrían las conferencias matutinas del entonces presidente de la República, lo cual incluso pudo haber derivado en sanciones para la Presidencia.

Otro antecedente relevante ocurrió cuando el INAI inició una investigación de oficio por el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, aun cuando la propia institución castrense no había informado oficialmente sobre la vulneración.

“Estos ejemplos son solo algunos de los casos más visibles, precisamente porque involucraban vulneraciones graves a datos personales cometidas tanto por autoridades como por particulares. En el caso de estos últimos, los informes anuales de actividades entregados al Senado dan cuenta de multas millonarias impuestas por el INAI, recursos que no ingresaban al Instituto, sino que se canalizaban a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, aclaró.

En ese contexto, recordó que durante la operación del INAI se tramitaron en total 173 mil 39 medios de impugnación. De ese universo, 22 mil 820 correspondieron a asuntos de protección de datos personales, por lo que fueron presentados con nombre, mientras que los 150 mil 219 restantes, al tratarse de solicitudes de acceso a la información, no requerían la identificación de la persona promovente.

Mencionó que resulta preocupante que desde la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se afirme que el INAI no realizaba investigaciones de oficio o que carecía de responsabilidad institucional. Estas declaraciones, dijo, evidencian desconocimiento de los números, de las estadísticas y de los asuntos resueltos, muchos de los cuales siguen disponibles en buscadores informativos y archivos periodísticos.

Agregó que más grave aún es afirmar que existían expedientes “guardados” para permitir su caducidad. Si ello fuera cierto, señaló, no debería tratarse de información reservada, ya que la autoridad tendría la obligación de informar qué expedientes eran, de qué trataban y bajo la responsabilidad de qué comisionadas o comisionados se encontraban. De lo contrario, se trata de una narrativa sin sustento, orientada a desacreditar el pasado para justificar decisiones presentes.

“El INAI resolvió casos de vida, casos de protección de datos personales y realizó investigaciones de oficio. Cuando se determinaban sanciones contra sujetos obligados, la ley establecía que se diera vista a los Órganos Internos de Control. Que muchas sanciones no se materializaran no fue por falta de trabajo del Instituto, sino por un diseño legal que limitaba su capacidad sancionadora, especialmente frente a autoridades”, aseguró.

Indicó que los informes que la ley obligaba a presentar siguen (o deberían seguir) a disposición pública. Defender el trabajo realizado, enfatizó, no es un asunto personal, sino la defensa de los hechos y del esfuerzo institucional de equipos técnicos, abogadas y abogados altamente capacitados que trabajaron en beneficio de la ciudadanía.

Señaló que el enfoque debería centrarse hoy en resolver las reservas de información pendientes, atender las constantes filtraciones de datos personales y retomar las investigaciones de oficio, en lugar de construir una narrativa que distorsiona la historia y debilita la protección de un derecho fundamental.

Finalmente, advirtió que resulta especialmente incómodo que no se diga la verdad, cuando los actuales directores encargados de la protección de datos personales en posesión de particulares, dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, son extrabajadores del extinto INAI que dependían directamente de un comisionado. “La respuesta está dentro de sus propias oficinas”, apuntó.

“Hoy todas y todos los mexicanos estamos esperando que hagan su trabajo y protejan nuestros datos personales, especialmente frente a proyectos como el padrón de telefonía celular”, concluyó.