Purismo hipócrita: vetar al binacional y cobijar al criminal.
Purismo hipócrita: vetar al binacional y cobijar al criminal.
Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.
El Congreso mexicano parece empeñado en legislar desde la paranoia o el cálculo faccioso, antes que desde la razón constitucional. La iniciativa para vedar el acceso a la Presidencia de la República y a las gubernaturas estatales a quienes ostenten doble nacionalidad no es solo un anacronismo chovinista, es una regresión autoritaria que colisiona de frente con el orden jurídico internacional y desnuda, con crudeza involuntaria, el doble rasero moral de la clase política mexicana. Mientras se busca erigir un muro de exclusión contra compatriotas por el mero hecho de compartir vínculos jurídicos con otra nación, el sistema partidista mantiene las puertas abiertas de par en par a perfiles bajo sospecha de colusión con el crimen organizado, con investigaciones abiertas e incluso con pedidos de extradición internacional.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la reforma pretendida dinamita las bases del artículo 1º constitucional y del control de convencionalidad que rige en nuestro sistema desde la reforma de 2011. Al categorizar a los mexicanos por el origen de sus lazos soberanos o por haber ejercido el derecho a adquirir otra ciudadanía, se incurre en una discriminación proscrita por el último párrafo de dicho precepto supremo, que veda cualquier menoscabo de derechos motivado por el origen nacional o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana. En el plano del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la colisión es insalvable, pues el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por el Estado mexicano y, por ende, parte vinculante de nuestro parámetro de regularidad constitucional) tutela el derecho de todo ciudadano a votar y ser elegido en condiciones generales de igualdad.
La jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos emblemáticos como Yatama vs. Nicaragua o López Mendoza vs. Venezuela, ha sostenido que las causas para restringir derechos políticos constituyen un catálogo cerrado y excepcional que se limita a razones de edad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Pretender que la tenencia de una segunda nacionalidad anule la titularidad del derecho de sufragio pasivo para un mexicano por nacimiento distorsiona el sentido del Pacto de San José, carece de un fin legítimo imperioso y reprueba cualquier examen de proporcionalidad bajo un escrutinio judicial estricto. A ello se suma la violación directa del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y del principio constitucional de progresividad y no regresividad: una vez reconocido y ensanchado un derecho ciudadano, el poder reformador no puede mutilarlo arbitrariamente.
El argumento esgrimido por los defensores de esta reforma apela a una supuesta lealtad indivisible al Estado mexicano, presumiendo bajo una lógica decimonónica y xenófoba que un ciudadano binacional es un traidor en potencia o un agente de intereses foráneos. Resulta un insulto a la inteligencia colectiva que el celo por la soberanía nacional despierte súbitamente ante un pasaporte extranjero, pero permanezca cómplice y aletargado ante la narcopolítica que carcome los cimientos de la República. Mientras se busca cerrar el paso a profesionistas, juristas, diplomáticos o líderes sociales binacionales, el sistema político ha postulado y encumbrado en presidencias municipales, curules y gubernaturas a personajes con serios señalamientos de vínculos con cárteles de la droga. En la historia reciente sobran ejemplos de representantes populares formalmente acusados por el sistema de justicia de los Estados Unidos de ser delincuentes vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. El contraste es grotesco: para el legislador, un mexicano con doble nacionalidad representa un riesgo de Estado, pero un político cuyos operadores pactan territorios con organizaciones criminales resulta idóneo para gobernar.
México no termina en sus fronteras geográficas: millones de compatriotas forman parte de una comunidad transnacional que sostiene economías regionales completas a través de las remesas familiares, las cuales son presumidas con orgullo desde la tribuna oficial cuando conviene a la estadística macroeconómica. Muchos de ellos y de sus descendientes han adquirido otra ciudadanía por supervivencia legal, desarrollo laboral o integración comunitaria en el exterior, sin renunciar jamás a su identidad, apego y compromiso con México. Decirles hoy que sus divisas son bienvenidas pero que sus derechos políticos están degradados al estatus de ciudadanos de segunda clase constituye un acto de profundo desprecio institucional hacia nuestra diáspora.
La integridad y la lealtad a la patria no se miden por los sellos en una libreta de viaje ni por la pureza excluyente del registro civil, sino por el apego irrestricto a la Constitución, la ética en el servicio público y la subordinación al Estado de Derecho. Si el Congreso verdaderamente busca blindar los cargos más altos de la República y de los estados, su prioridad urgente debería ser depurar las candidaturas del dinero ilícito, combatir con rigor la captura criminal de las instituciones y garantizar que ningún prófugo de la justicia nacional o internacional utilice las urnas como guarida de impunidad. Castigar la doble nacionalidad mientras se tolera la doble moral criminal no es patriotismo, sino una farsa sin nombre.
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