El Recreo

El Presupuesto de egresos del gobierno del estado para 2022 nació marcado por las reducciones presupuestales a los poderes legislativos y judicial y los órganos constitucionales autónomos.

No se cumplen tres meses del gobierno de David Monreal cuando aparecen cuestionamientos periodísticos de operaciones de compras y contratos aún pendientes de concretar, de equipos de seguridad y de protección civil

El peor desenlace del proceso que deberá culminar con la aprobación legislativa del paquete económico es que las reducciones y reasignaciones presupuestales, la miscelánea fiscal y la restructuración de la deuda pública del estado de Zacatecas, sean, como es rutina anual, una temporada de dimes

Aunque el próximo año el estado de Zacatecas ejercerá más once por ciento más de presupuesto que el anterior, por primera vez se plantea la posibilidad de recortar gasto a dependencias del Ejecutivo, al Poder Judicial, al poder Legislativo y a Órganos autónomos. Se entiende que Zacatecas inicia, con años de retraso, la política de austeridad republicana puesta en práctica por el Presidente López Obrador, misma que cuenta con un gran respaldo social y también con sorda resistencia de la clase política mexicana

¿Cómo sacarle más provecho a la visita del Presidente López Obrador? ¿Qué debemos demandar del gobierno federal? Lamentablemente es un ineludible tema coyuntural el que impone el contexto de la visita, la visión estructural no tendrá cabida en el encuentro que hoy culmina, los zacatecanos no hemos gestado demandas de fondo

RECREO LO QUE ES EXCEPCIÓN DEBE SER REGLA  Primero un diputado local y luego un Presidente Municipal pusieron en evidencia

¿La estafa legislativa correrá la misma suerte que la estafa maestra versión Zacatecas? Es decir ¿Se cruzarán de brazos las instancias dónde se dieron los hechos presuntamente delictuosos y atenerse a lo que las instancias federales hagan? No debiera ser porque las víctimas directas de los presuntos delitos somos los Zacatecanos, de lo que se deriva que los primeros interesados en acelerar investigaciones al respecto son las instituciones públicas dónde se produjeron los hechos, sin embargo, las autoridades de los planteles afectados por la estafa maestra no reaccionaron como es de esperarse y esperan turno para que la acción de la justicia federal resuelva la conducente.

La postura suscrita por la totalidad de coordinadores y vicecoordinadores de los grupos que conforman la actual legislatura local evidencia que están en marcha la estrategia instintiva de quitarle gradualmente vigencia al tema de las gravísimas denuncias del presidente de la comisión responsable del combate a la corrupción pública desde el poder legislativo.

¿La 63 legislatura zacatecana repitió el modus operandi de la legislatura 61? El esquema de triangulación de dinero, empresas fantasmas y facturas falsas que dio a conocer el diputado Ernesto González Romo es el mismo que en 2015 fue desnudado por un buen ejercicio de periodismo de investigación de la “Jornada Zacatecas” sin que hubiera consecuencias, a toda afirmación correspondió una negación y el tiempo se encargó de que no sucediera nada, el tema no llegó a la justicia ordinaria, tampoco los partidos políticos reaccionaron. Para colmo, los protagonistas de ese y otros casos de corrupción ni siquiera tuvieron la necesidad de limpiar su nombre ya que tener un nombre limpio no ha sido requisito para ser candidato ganador y repetir en el cargo, o lograr otro mejor.

Cuando pensamos la actividad del crimen organizado en territorio zacatecano pensamos en narcotráfico, cobro de piso, tráfico de personas y secuestro principalmente y no advertimos la presencia del huachicol. Sin embargo, bien es sabido que antes de que se procediera contra esa modalidad delictiva en gran escala, la porción territorial atravesada por la carretera Zacatecas San Luis Potosí tuvo sitios de ordeña de ductos y la comercialización del combustible robado se conformó por particulares, unidades de transporte público y dependencias oficiales, como referencia de esa etapa, queda la trágica desaparición de una pareja de empleados de la Secretaría de Seguridad Pública a la que se le envió a pagar el surtido de combustible de patrullas  con dinero en efectivo  a Luis Moya y Loreto en momentos sin que se transparentará quiénes y porqué dieron una instrucción tan fuera de lógica.     

 Legalidad y legitimidad son piernas con las que camina el poder, si alguna renquea, el gobernante tropieza y eventualmente se derrumba. López Obrador conduce al país “aguantando vara” si la ley obstaculiza sus políticas, externa su descontento con amparos y resoluciones de la SCJN pero los acata.  Baja el costo del gobierno predicando con su ejemplo, recorta su propia remuneración en más de la mitad, “que los de abajo ganen más y los de arriba menos”.

Cada gobierno inicia con un esquema heredado mientras turna a la legislatura la ley que regirá su administración en la cual plasma nuevas dependencias, fusiona y elimina otras, los nombramientos de David Monreal tienen pues, una dosis de provisionalidad natural, sin embargo, ya es posible descifrar la lógica esperable de un gobierno que pretensiosamente promete una “nueva gobernanza”