Columnas

¿La estafa legislativa correrá la misma suerte que la estafa maestra versión Zacatecas? Es decir ¿Se cruzarán de brazos las instancias dónde se dieron los hechos presuntamente delictuosos y atenerse a lo que las instancias federales hagan? No debiera ser porque las víctimas directas de los presuntos delitos somos los Zacatecanos, de lo que se deriva que los primeros interesados en acelerar investigaciones al respecto son las instituciones públicas dónde se produjeron los hechos, sin embargo, las autoridades de los planteles afectados por la estafa maestra no reaccionaron como es de esperarse y esperan turno para que la acción de la justicia federal resuelva la conducente.

La postura suscrita por la totalidad de coordinadores y vicecoordinadores de los grupos que conforman la actual legislatura local evidencia que están en marcha la estrategia instintiva de quitarle gradualmente vigencia al tema de las gravísimas denuncias del presidente de la comisión responsable del combate a la corrupción pública desde el poder legislativo.

¿La 63 legislatura zacatecana repitió el modus operandi de la legislatura 61? El esquema de triangulación de dinero, empresas fantasmas y facturas falsas que dio a conocer el diputado Ernesto González Romo es el mismo que en 2015 fue desnudado por un buen ejercicio de periodismo de investigación de la “Jornada Zacatecas” sin que hubiera consecuencias, a toda afirmación correspondió una negación y el tiempo se encargó de que no sucediera nada, el tema no llegó a la justicia ordinaria, tampoco los partidos políticos reaccionaron. Para colmo, los protagonistas de ese y otros casos de corrupción ni siquiera tuvieron la necesidad de limpiar su nombre ya que tener un nombre limpio no ha sido requisito para ser candidato ganador y repetir en el cargo, o lograr otro mejor.

Cuando pensamos la actividad del crimen organizado en territorio zacatecano pensamos en narcotráfico, cobro de piso, tráfico de personas y secuestro principalmente y no advertimos la presencia del huachicol. Sin embargo, bien es sabido que antes de que se procediera contra esa modalidad delictiva en gran escala, la porción territorial atravesada por la carretera Zacatecas San Luis Potosí tuvo sitios de ordeña de ductos y la comercialización del combustible robado se conformó por particulares, unidades de transporte público y dependencias oficiales, como referencia de esa etapa, queda la trágica desaparición de una pareja de empleados de la Secretaría de Seguridad Pública a la que se le envió a pagar el surtido de combustible de patrullas  con dinero en efectivo  a Luis Moya y Loreto en momentos sin que se transparentará quiénes y porqué dieron una instrucción tan fuera de lógica.     

 Legalidad y legitimidad son piernas con las que camina el poder, si alguna renquea, el gobernante tropieza y eventualmente se derrumba. López Obrador conduce al país “aguantando vara” si la ley obstaculiza sus políticas, externa su descontento con amparos y resoluciones de la SCJN pero los acata.  Baja el costo del gobierno predicando con su ejemplo, recorta su propia remuneración en más de la mitad, “que los de abajo ganen más y los de arriba menos”.