¿Pacto federal roto?

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Por: Dr. José G. Estrada.

Estamos siendo testigos de un pleito, por lo menos por ahora de palabra, entre el ejecutivo federal y varios de sus homólogos a nivel estatal, participando sobre todo el de los titulares de aquéllas entidades en donde se dice se genera más riqueza per cápita y en términos absolutos; derivada esta confrontación en las reducciones de las transferencias presupuestales del centro a la periferia, según los detractores sin base alguna, por lo que, se cierne nuevamente la amenaza histórica de la rescisión por incumplimiento de los pactos de colaboración fiscal, y hasta, en grado extremo, del abandono del llamado pacto federal, o lo que sería lo mismo, de la pulverización de eso que indebidamente titulamos con el nombre de Estados Unidos Mexicanos, copia este nombre, de nuestro vecino del norte, cuando, siglos antes, pretendimos emular una federación emanada de una unidad central, y por tanto, con imposibilidad en los hechos de haber constituido una unión de estados donde había una ya unidad centralizada, primer error este por querer copiar lo mejor sin base alguna para ello, pero bueno, esto es asunto de otro costal del pretérito que no corresponde ahora analizar y, sin embargo, que nos dará entendimientos suficientes para comprender lo caricaturesco de todo esta pendencia.

Habrá que puntualizar, con el único objetivo de despejar esas ignorancias supinas, es la precisa diferencia entre abandonar el pacto federal y rescindir o dar por terminado los convenios de colaboración fiscal que se celebraron entre los Estados y el gobierno Federal.

El primer caso equivale a la declaración de independencia de algunas entidades, a la constitución de un nuevo país, etcétera, posibilidad esta que escapa a cualquier previsión constitucional, con imposibilidad jurídica de que se concrete por la vía de la legalidad y la paz, y que sólo puede existir en las calenturas políticas de algunos agitadores, por lo que no vale comentario adicional alguno a tan disparatadas pretensiones.

La segunda hipótesis implicaría que los gobiernos locales asumieran el cobro y disposición exclusivo de casi todos los impuestos que sustentan la hacienda pública nacional, circunstancia esta que también se antoja muy complicada de verse realizada en la práctica, pues el sistema fiscal mexicano, en lo general, se sustentó en acuerdos previos donde las entidades delegan al gobierno federal el cobro de impuestos de competencia local a cambio de regresarlos

y distribuirlos con base en las necesidades regionales en cantidad y calidad, y también, en alguna medida, en la contribución cuantitativa que se hace.

Los estados acaudalados, ahora separatistas en el discurso, y quienes afirman que no se les regresan recursos fiscales en proporción a la riqueza que ellos aportan a las arcas nacionales, olvidan, mañosamente, que esas mercancías y servicios que producen, y que son la fuente de su próspera economía, no podrían ser vendidos sin la existencia un mercado nacional, conformado también por lugares pobres, pero consumidores al fin y al cabo. Es decir, los vidrios y cementos de Monterrey los consumen los oaxaqueños, chiapanecos y guerrerenses, por lo que la riqueza total producida es la suma de un ecosistema económico nacional.

Sin embargo, puede que sea tiempo de la concepción de un nuevo pacto fiscal, considerando una justa y equitativa distribución de los recursos generales, con base en análisis financieros más rigurosos y dejando a un lado los arrebatos políticos del momento.

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