POLÍTICA Y POLITIQUERÍA

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RECREO

 La carta  del Presidente de la República a los gobernadores demandando que  se abstengan de interferir ilegalmente en el proceso electoral en puerta y de desviar recursos humanos, materiales y financieros de carácter público a esos fines, genera oportunidad ideal para que  Tello le presente al Presidente un abundante  expediente con las evidencia de utilización de “Servidores de la Nación en desacato a la directriz presidencial, sustrayendo el tema del campo de la “politiquería” de temporada, pero no lo va a hacer,  al PRI le cae como anillo al dedo poder decir que “al cabo todos hacemos lo mismo”

Si los gobernadores hicieran causa común con el Presidente contra la coacción y la compra del voto, más pronto que tarde surgirían políticos moralmente superiores y mejor equipados para la función pública, que los que llegan mediante el esquema delictuoso insuficientemente desterrado y puesto en práctica desde hace muchos años.

 En vez de eso, nuestro gobernador hace en vez de política “politiquería” hasta en temas tan angustiosos para los zacatecanos  como el de la inseguridad ciudadana, en momentos en que la población exige eficacia.

La carta del gobernador Tello pidiendo ayuda a la federación no es para el Presidente de la República, es para el electorado Zacatecano crecientemente irritado por la inseguridad exacerbada, se propone enviar el mensaje de que la inseguridad en Zacatecas por falta de “real compromiso” de la federación. Inició su gobierno pidiendo al General Cienfuegos que le recomendara a un Secretario de Seguridad Pública evidenciando incomprensión en la materia y desinterés por asumir su propia responsabilidad.

Al acercarse al final de su mandato sigue sin entender ni comprometerse.

Gobernadores como el de Zacatecas, comenzaron su período cuando el sometimiento al Presidente de la República era incuestionado. Durante muchos años se incubó la sicología de subordinación que se manifestaba igual de vigorosa en el uso de canales institucionales que frente a la opinión pública. El terremoto electoral de 2018 cambió la situación y puso en crisis a los partidos derrotados, crisis que buscan remediar con la partidización abierta del grupo de gobernadores para hacer la tarea que el raquitismo opositor no puede hacer.

                        ESTRENANDO LIBERTAD

Es un avance democrático poder manifestar desacuerdo con el Presidente de la República siendo gobernador, legislador o ciudadano en uso pleno de sus derechos, esa libertad es fruto de muchas luchas y debe quedarse para siempre, lo malo es que gobernadores  del bloque “federalista” e imitadores soterrados, en vez de ejercer esa recién estrenada libertad de disentir del Presidente haciendo política, la ejercen para hacer “politiquería”,  les resulta cómodo trasladar al gobierno federal la culpa de  todo lo que causa malestar.

Si en vez de “politiquería” se hiciera política, en vez de cartas auto-exculpatorias, el gobernador emprendería una estrategia en consonancia con la federación para que los habitantes de los municipios no estén en el desamparo por la inexistencia de fuerza pública digna de ese nombre y se esforzaría por depurar los cuerpos policiacos y la burocracia de seguridad de los que son puestos al servicio de las bandas delictivas mediante la ley de “plata o plomo” , es hora de repasar lo invertido en Seguridad pública para encontrar una explicación a la impotencia crónica frente al delito.

Un gobernante con sentido de la historia, aprovecharía el empuje presidencial para liberar nuestro territorio de las redes de corrupción que traban el desarrollo zacatecano, pero su apuesta es a la prescripción de los delitos de corrupción pública que pudieran haberse cometido en los abortados proyectos como el de la Presa “Milpillas”, el de movilidad urbana, o el de obras públicas  ostensiblemente  fallidas. Claro, para eso hay que hacer política, no politiquería.

                      VIRTUDES DEL EQUILIBRIO

La relación entre niveles de gobierno debe superar el atrasado centralismo que inhibió durante muchos años el legítimo derecho a disentir de los gobiernos estatales con el gobierno federal, las diferencias de óptica son inevitables no importando si se es del mismo partido, lo óptimo es que sean los canales institucionales los escenarios rutinarios de la diferencia y la vigilancia recíproca.

La potencia auditora de la jurisdicción federal debe servir a los estados de muro de contención de la corrupción y viceversa.

 Cada gobernador es responsable de una población asentada en delimitada porción territorial que es también universo de operación del gobierno federal, por lo tanto, a los gobernantes estatales les asiste el derecho de velar por que los elementos del gobierno federal que operan en el territorio no lesionen a la población, lo mismo si se trata de fuerzas de seguridad que de operadores de programas sociales

No avanzaremos si cada nivel de gobierno jala para su lado, es hora de entenderlo haciendo política seria, no politiquería.

Nos encontramos el lunes en Recreo

@luismedinalizalde-luismedinalizalde@gmail.com