607 total views

Ciudad de México. – Ante los continuos ataques que sufren familiares de víctimas de desaparición y activistas defensores de derechos humanos, la senadora Geovanna Bañuelos solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) y sus homólogas en las 32 entidades federativas implementar las medidas necesarias que garanticen su protección y salvaguarden su vida.

“Lamentablemente, en nuestro país aquellas personas que se atreven a buscar la justicia y localizar a sus familiares o que defienden los derechos humanos son amedrentadas, amenazadas, torturadas, desaparecidas y asesinadas”, menciona.

El caso más reciente ocurrió en Zacatecas, donde asesinaron brutalmente a José Nicanor Araiza, un padre convertido en activista que buscaba a su hijo desaparecido por la delincuencia organizada.

De acuerdo con diversos medios locales, el activista de 51 años fue extraído de su domicilio el 22 de julio pasado, localizado en el municipio de Villa de Cos, fecha en la que fue declarado como desaparecido.

“Por el simple hecho de buscar a su hijo desde 2018, el destacado activista fue privado de su libertad, desaparecido y posteriormente asesinado. Triste mente, el cuerpo de Araiza fue localizado sin vida el 27 de julio en el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas”, lamenta Geovanna Bañuelos.

Dicha desaparición forzada recibió condenas por parte del Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Zacatecas, el cual exigió a las autoridades la inmediata búsqueda del activista.

No obstante, éste no es el único caso en el estado, se suman la localización de una gran cantidad de fosas clandestinas y la recuperación de restos humanos que aún no son identificados por el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF).

“Lamentablemente, en nuestro país aquellas personas que se atreven a buscar la justicia y localizar a sus familiares o que defienden los derechos humanos son amedrentadas, amenazadas, torturadas, desaparecidas y asesinadas”, menciona.

Mediante un punto de acuerdo que será presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora por Zacatecas pedirá a los gobiernos de los 32 estado de la República un informe sobre la situación que atraviesan en materia de desaparición forzada, así como los protocolos de actuación y protección para los familiares de las víctimas.

“Desafortunadamente, la desaparición forzada en México, en los últimos años, ha crecido exponencialmente, en gran parte, como producto de la guerra del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en contra del crimen organizado”, señala.

En el documento que será inscrito a la Gaceta Parlamentaria, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destaca que desde el 2006 y hasta el pasado 7 de abril de 2021, en el país 85 mil 053 personas están reportadas como desaparecidas o no localizadas.

De acuerdo información de la Secretaría de Gobernación, 90% de estas personas posiblemente fueron desaparecidas por la delincuencia organizada.

“A pesar de los notorios esfuerzos del gobierno de México para detener este delito, su comisión continúa presente. Ahora, los criminales no solamente desaparecen a sus rivales, sino que también a defensores de los derechos humanos y a los familiares de las víctimas que se encuentran buscándolas”, asevera Geovanna Bañuelos.

A la fecha, son 69 personas activistas defensoras de los derechos humanos que han sido asesinadas desde el inicio del sexenio. Esta cifra es mucho mayor si se toman en cuenta las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.

Además de los 43 periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión. “De esta manera, nuestro país se convierte en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo o simplemente para existir justicia”.

“La desaparición forzada y el asesinato de familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos laceran terriblemente el tejido social creando dolorosas heridas, las cuales tardarán años en sanar. Por ello, es imperioso que las autoridades asuman su responsabilidad, así como las obligaciones contraídas en convenios y en la ley en la materia”, asegura la legisladora.

En el caso del asesinato de José Nicanor Araiza, la líder petista pide a la Fiscalía del Estado de Zacatecas otorgue justicia a la familia, así como brindar los elementos necesarios para salvaguardar su integridad física y la vida.

Además, llama a esclarecer esta desaparición y exige a las autoridades establecer protocolos especiales para la protección de las y los familiares de las víctimas del delito de desaparición forzada y desaparición por parte de particulares.