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Por: Dr. José Guadalupe Estrada

Hace poco tiempo nos quedamos todos con la boca abierta cuando nos enteramos de los pormenores que contenían una filtración de documentos privados que se conoció como los “Papeles de Panamá”, la cual daba cuenta de las enormes fortunas que prominentes políticos, empresarios, empresas y gente de la farándula tenían ocultos y en buen resguardo en los llamados paraísos fiscales. Diversos analistas y conocedores de la forma como funcionan estos esquemas, daban cuenta de los miles de millones de dólares que año con año se transfieren de países productivos hacia esos obscuros lugares, exhibiendo algunos de los beneficios que esos entramados financieros otorgan a sus usuarios: lavado de dinero, evasión fiscal, anonimato, etcétera. Cabe aclarar que, si bien es cierto, de inicio no es ilícito tener una empresa o cuenta de dinero en estos paraísos, los mismos si son preferentemente utilizados para fines ilegales o bien por lo menos injustos, desde el punto de vista tributario.

En la actualidad ha salido a la luz información que nuevamente viene a exhibir a multimillonarios políticos, empresarios, artistas, empresas muti nacionales y otros entes, con inmensas fortunas escondidas en esos espacios y a lo que se ha denominado como “Papeles de Pandora”. Los mecanismos financieros y de transferencias de dinero y riquezas utilizados por estas personas son exactamente los mismos que en la anterior exhibición pública, la única novedad son algunos de los actores directamente involucrados, y respecto de los cuales no daremos cuenta por no tener por objetivo el presente exponer maliciosamente a persona alguna.

Lo que ahora pretendemos, sin intentar justificar lo injustificable, por supuesto, es demostrar que estas redes de encubrimientos multinacionales nacen, en muchos de los casos, por lo absolutamente injusto e irracional de los sistemas fiscales en lugares determinados.

Pongamos el caso de nuestro país, donde un profesionista, un artista, o cualquier sujeto que preste un servicio independiente, debe pagar, más o menos, al fisco alrededor el 51 % (si, leyó bien, cincuenta y uno por ciento) de sus ingresos. Esta cantidad está calculada considerando pagar la tasa máxima de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para Personas Físicas (35 %) y el 16 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque en un cálculo que se hizo a manera de ejercicio en un caso real, el pago de impuestos sobre las entradas de dinero osciló alrededor del 44 %, circunstancia esta que no le quita lo desproporcional o injusto que un contribuyente de esta naturaleza paga a las autoridades hacendarias. En el caso de los ingresos de las personas morales, es prácticamente lo mismo, considerando una tasa máxima de ISR del 30%. Y nosotros que nos admiramos y vemos con horror cómo en la Edad Media la Iglesia cobraba el diezmo (10 %) a los ingresos o producción de las personas. Personalmente me gustaría volver a esos tiempos pasados.

Entonces, expuesto lo anterior, es evidente que cualquier sujeto o empresa de los apuntados anteriormente va a hacer hasta lo imposible porque no se vaya alrededor de la mitad de sus ingresos en impuestos, pues así nunca llegará a acumular capital alguno y el sentimiento es que está trabajando inútilmente para otros. Si a esto se le suma que en México recibimos como contraprestación del Estado por pagar contribuciones servicios públicos de pésima calidad, la probabilidad más alta de morir por actos violentos que de cualquier enfermedad conocida o por conocerse, y de que nuestras aportaciones se vayan en caprichos irracionales de los gobernantes, pues no existe francamente ningún incentivo de pagar esos porcentajes de aportaciones al gasto público.

Entonces, lo que ofrecen (legalmente, por cierto) estos paraísos fiscales a personas con enormes ingresos, es que domicilien una empresa en esos lugares donde prácticamente no se cobran contribuciones a esos beneficios económicos, que sea dicha empresa, por ejemplo, dueña de algún nombre artístico, marca comercial, denominación, etcétera, por la que se le deban pagar regalías por la simple utilización de esos apelativos, y así, estos cuantiosos pagos reducirían a modo los ingresos y las ganancias, y por tanto, los gravámenes fiscales que se deben pagar; y esos dineros que se van a esos edenes se reciben libres de polvo y paja, e insistimos, lícitamente.

El único inconveniente, y que demuestra adicionalmente la inequidad tributaria a que nos estamos refiriendo, es que, para poder acceder a esos entramados legales y fiscales, y que la utilización de los mismos sea redituable, se deben tener cuantiosos ingresos, digamos de varios millones de dólares anuales, circunstancia en la que, ni de chiste, se encuentra el 99.99 % de los mexicanos.

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