Comisión aprueba dictámenes en materia de transparencia municipal y de contratación de servicios de pueblos originarios
• Diputadas y diputados reforman la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó tres dictámenes que reforman las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El primero, propuesto por la diputada Yessenia Leticia Olua González (Morena), reforma los artículos 62 y 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de actualización de la legislación correspondiente a las responsabilidades administrativas.
El proyecto establece que la Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Añade que el desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad, será sancionado de acuerdo con lo previsto en la misma legislación.
Lo anterior, debido a que la alusión a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos sólo se encuentra en los artículos 62 y 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El segundo dictamen, impulsado por el diputado José Alejandro Aguilar López (PT), adiciona el inciso C de la fracción II del artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de transparencia municipal.
Al respecto, las y los diputados de la instancia aprobaron que el monto de las participaciones federales y estatales que se destine a cada ayuntamiento y alcaldía de la Ciudad de México, deberá ser publicado en sus portales de Internet.
Para dar operatividad a la reforma, modifica el artículo segundo transitorio y adiciona un tercero, que consisten en establecer el plazo de 90 días hábiles para que las legislaturas de los estados realicen las adecuaciones correspondientes a sus leyes locales.
Ese mismo plazo, se concede al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, emitir los acuerdos correspondientes.
Ello, a efecto de adecuar los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El tercer dictamen aprobado reforma la fracción XI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contratación por la modalidad de invitación en el caso de pueblos indígenas y afromexicanos, promovido por el diputado Roberto Valenzuela Corral (PAN).
Establece que las dependencias y entidades podrán contratar adquisiciones y servicios sin licitación pública, a través de los procedimientos de invitación cuando se realice con “pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Intervención de diputadas y diputados
El diputado Aguilar López se congratuló por la aprobación de su iniciativa, al afirmar que se centra en que haya una máxima transparencia en los recursos financieros que por distintas vías llegan a los municipios de todo el país, con el propósito de que los ciudadanos tengan información objetiva de cómo se conforman los presupuestos que el ayuntamiento debe ejercer.
Por su parte, el diputado Valenzuela Corral agradeció a la Comisión por haber aprobado su propuesta. Afirmó que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas indígenas, quienes subsisten en condiciones de pobreza extrema, ya que con la reforma se fortalecerá el desarrollo económico de sus comunidades.
La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) se manifestó a favor de la iniciativa de la diputada Olua González, toda vez que armoniza los cuerpos normativos que componen el orden jurídico nacional.
La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) dijo que la Ley de Adquisiciones tiene que cumplir con el mandato constitucional de favorecer a las comunidades y los temas medioambientales. “Tenemos que buscar las condiciones para que las comunidades afromexicanas tengan mejores condiciones de competir”.
De Morena, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández comentó que “deberíamos permitirnos el analizar cómo estructuramos de mejor manera este dictamen; creo que vale la pena estudiarlo un poco más para que no perjudique a futuro”.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Lidia Pérez Bárcenas afirmó que se deben cuidar los tiempos establecidos por el INAI, porque lo que se hace es homologar una obligación que existe ya en la Ley de Coordinación Fiscal.
Asuntos Generales
El diputado Romero Hicks informó que le fueron turnadas a la Comisión tres iniciativas del Ejecutivo Federal para opinión, por lo que procederá a establecer el calendario respectivo para su análisis y discusión, porque el plazo máximo para emitirla es el 31 de marzo.
