Populismo Penal.
Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.
El populismo penal es un enfoque político y social que promueve leyes penales más duras (a veces sólo en el papel) con el objetivo de ganar apoyo popular, generalmente apelando al miedo, la inseguridad o el enojo de la ciudadanía frente al delito. No se basa necesariamente en evidencias empíricas o en la efectividad real de las medidas propuestas, sino en lo que resulta atractivo o tranquilizador para la opinión pública.
A nivel de cuento (narrativa, pues), esta doctrina legal promueve la idea de que el castigo severo (más cárceles, penas más largas, menor posibilidad de libertad condicional, etc.) es la mejor o única forma de combatir el crimen. Por supuesto, esta postura simplifica el problema, pues se presenta la delincuencia como un fenómeno causado por “malos individuos” y no como un problema complejo con raíces sociales, económicas o estructurales, lo que incluye en primerísimo termino la impunidad rampante.
En algunas ocasiones, no muy raras, se pregona una desconfianza casi atávica al sistema judicial, pues se suele atacar a jueces, defensores públicos o a instituciones por ser “blandos” o “tolerantes” con los delincuentes, siendo que, en muchísimos de los casos, refiriéndonos a la labor judicial, las fallas vienen de una deficiente o torcida investigación de los hechos delictivos.
Basados en los argumentos anteriores, uno de los aspectos más peligrosos y graves del populismo penal es que, con base en estas ideas se decide la exclusión de derechos humanos, pues se justifican restricciones a ellos y sobre todo a garantías procesales en nombre de una supuesta seguridad pública que nunca se materializa.
Adicional a lo ya comentado, se instrumentaliza el miedo, pues los actores políticos y los medios de comunicación usan casos puntuales o espectaculares de criminalidad para justificar reformas represivas que, en nada mejoran la inseguridad circundante.
Algunos ejemplos palpables de populismo penal lo tenemos cuando nuestros ínclitos e ilustrados hacedores y deshacedores de leyes (legisladores, pues), junto con otros actores, promueven las políticas de mano dura o tolerancia cero, la reducción de la edad penal, el aumento de las penas sin considerar el contexto del delito (muy socorrida, por cierto esta estrategma), la criminalización de la pobreza o marginalidad, la criminalización y punibilidad de conductas cuando están dirigidas en contra de determinado grupo o clase social, la ridiculez punitiva (como cuando se castiga
con incontables años de cárcel a quien mate un gato o un perro, o cuando se pretendió castigar las “miradas lascivas” hacia mujeres), y cientos de etcéteras similares.
Los resultados de estos experimentos punitivos nos llevan a concluir que este tipo de políticas públicas no reducen efectivamente la criminalidad, aumenta la sobrepoblación carcelaria, agrava la exclusión social, reproduce los ciclos de violencia, debilita el estado de Derecho y los ciclos de verdadera justicia, violenta los derechos humanos, pero, sobre todo, no resuelve lo que dice que va a resolver.
¿Le suena este discurso últimamente?
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