De 48 a 40.

Por: Dr. José Guadalupe Estrada.

A nuestra ilustrísima clase política todo se le hace fácil. Que vamos a castigar las “miradas lascivas” de los hombres hacia las mujeres para que ya no exista tanta violencia por ver a alguien en la calle de una manera rara o inusual, pues veinte años de cárcel al que se le ocurra, que si vamos a aumentarles el impuesto predial para que quien tenga una casa pequeña pague como si tuviéramos calles y servicios públicos como en Alemania, pues adelante, aumenten al mil por ciento lo que pagaban, etcétera. Y la última puntada que traen entre ojo y ceja es bajar la semana laboral de 48 a 40 horas, que al cabo a ellos no les va a costar nada, pues no creo que ni el uno por ciento de los que pretenden aprobar esa insensatez haya generado un sólo empleo en su vida, pero en fin, esto es así, decidiendo cuestiones que ni en su vida pensaron que iban a tener la facultad de hacerlo, mucho menos a afectarles en algún sentido.

Podríamos aquí anotar y anotar argumentos en contra de esta propuesta para “mejorar” las condiciones de la clase trabajadora, que si fuese de esta manera, pues de una vez que mejor los hagan trabajar un sólo día a la semana y ya, se acabó el problema, pues en esa lógica están.

Esta propuesta representa riesgos económicos y desafíos prácticos, así como está planteada, a rajatabla y sin el consenso de todas las partes involucradas, que aunque no se quiera, la parte patronal también debe ser tomada en cuenta, pues es la que al final de cuentas desembolsa de su dinero y a quién afectaría de manera directa, ya que indirectamente todos los consumidores se verían afectados en la cadena de causas y efectos que implicaría primero subir los costos laborales, luego, los costos de los productos y servicios que las generalidades adquieren de esas empresas que tuvieron que subir sus precios debido a lo primeramente mencionado.

Aparte de subir los costos laborales con las consecuencias en el aumento de los precios de los bienes y servicios correlativos, también se provocaría que muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, tuvieran que recurrir a esquemas informales para reducir los costos, con las consecuentes afectaciones a la recaudación fiscal y la eliminación total de los derechos laborales y de seguridad social, y aquí debemos considerar adicionalmente que ya en nuestro país existe una tasa de informalidad laboral de alrededor del 55 %, lo que implica que más de la mitad de los trabajadores en nuestro informal México no gozan de ninguna prestación laboral.

Otro aspecto que hay que considerar es que si la reducción laboral no viene acompañada de mejoras en la productividad, pues entonces todo se va al carajo, pues las empresas sólo perderían más y más.

¿Pensarían nuestros leguleyos legisladores y políticos en la pérdida de competitividad internacional de México como consecuencia de estas propuestas, que lo único que provocarían que los inversionistas buscaran otros lugares más propicios y menos conflictivos?

No creo.

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