Regular Rentas.
Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.
Ya lo he manifestado de manera reiterada y no me cansaré de hacerlo, mientras nuestra ilustrísima clase política siga con su misma conducta: se les ocurre cada cosa. Ahora en la Capital de esta Ex – República les revolotea por sus tres neuronas apenas útiles la ingeniosidad de pretender regular el monto que se paga por rentar un inmueble destinado a casa habitación, es decir, que ya no rija el acuerdo libre de voluntades entre renteros y rentistas, sino que el Estado decida cuánto se debe pagar.
La regulación legal del monto que se paga por rentar una casa habitación en la Ciudad de México, aunque busca ser una solución al problema de la asequibilidad y la gentrificación, puede resultar contraproducente por varias razones, como lo han señalado diversos expertos y la experiencia de otras ciudades.
Primeramente debemos considerar que este tipo de políticas reducen la oferta de vivienda que se va a rentar, constituyendo un desincentivo a la inversión, y, consecuentemente, con menos contrucción, ya que cuando se topan las rentas o se limita su aumento, los propietarios tienen menos incentivos para invertir en nuevas propiedades destinadas al alquiler o para mantener y mejorar las existentes. Si el retorno de inversión disminuye, es probable que retiren sus propiedades del mercado de alquiler tradicional o las destinen a otros usos (como ventas o alquileres de corto plazo en plataformas tipo Airbnb, aunque estos también se están buscando regular). Los desarrolladores inmobiliarios pueden ver reducido su interés en construir nuevas viviendas para alquiler si no hay un margen de ganancia atractivo, lo que agrava el problema de escasez de vivienda.
También vamos a observar un deterioro en la callidad de las viviendas ya que si los ingresos por renta están limitados, los propietarios pueden optar por reducir el mantenimiento y las mejoras de sus propiedades para compensar la falta de rentabilidad, lo que a la larga deteriora la calidad del parque habitacional disponible para alquiler.
Además seremos testigos de el surgimiento de un mercado negro o informal de vivienda, ya que con este tipo de regulaciones algunos propietarios podrían buscar maneras de «saltarse» la ley, por ejemplo, exigiendo pagos adicionales «por debajo de la mesa» o estableciendo contratos con cláusulas ambiguas o leoninas. Esto genera un mercado menos transparente y con mayores riesgos para los inquilinos.
Paradójicamente, la escasez de viviendas disponibles bajo las condiciones reguladas puede forzar a los inquilinos, especialmente a los de bajos ingresos, a buscar opciones en zonas más alejadas o menos atractivas, donde los precios aún no están tan controlados o donde las condiciones de vida son más precarias.
Si bien a corto plazo la regulación puede bajar los precios de las viviendas sujetas a control, a largo plazo la reducción de la oferta y los incentivos perversos pueden terminar encareciendo tanto las rentas como la compra de inmuebles en el mercado libre, al no solucionar la causa raíz del problema (la falta de vivienda).
Un mercado de alquiler rígido y con poca flexibilidad para ajustarse a la oferta y la demanda puede generar distorsiones que no benefician a ninguna de las partes.
Apunten esta otra cerril ocurrencia.
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