“México necesita un nuevo pacto por el agua, porque sin agua no hay derechos ni futuro”: Senadora Amalia García Medina

• “El agua debe ser un bien público vital, no una mercancía”: AGM
• Iniciativa de MC busca garantizar un mínimo vital de 100 litros diarios por persona
• Incluye establecer que los cobros por el vital líquido sean conforme a los estándares de la ONU, y un tope máximo de pago del 3% del ingreso familiar

Ciudad de México.- La Senadora Amalia García Medina y Jorge Álvarez Maynez, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, junto a los Grupos Parlamentarios de M.C., tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, presentaron una iniciativa para generar un nuevo pacto por el agua, lo que representa un paso decisivo hacia la justicia hídrica, social y ambiental que el país necesita.

“El agua debe reconocerse como un bien público vital, no como una mercancía. Es un derecho humano que el Estado debe garantizar para todas y todos, sin distinciones ni privilegios”, afirmó la Senadora Amalia García.

Una nueva Ley General de Aguas con visión de derechos humanos

La legisladora explicó que la iniciativa de Ley General de Aguas impulsada por Movimiento Ciudadano sustituye la legislación vigente desde 1992 y da cumplimiento al mandato constitucional del artículo 4º, que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento.

La propuesta articula los artículos 4º, 27 y 115 de la Constitución, creando un marco normativo que armoniza las competencias federales, estatales y municipales para garantizar el acceso equitativo, el uso sustentable y la gobernanza participativa del agua.

Entre los ejes más relevantes, García Medina destacó:

• Reconocimiento del agua como bien público vital y del saneamiento como derecho humano indispensable para la vida digna.
• Garantía de un mínimo vital de 100 litros diarios por persona, conforme a los estándares de la ONU, y un tope máximo de pago del 3% del ingreso familiar.
• Creación de la Secretaría del Agua, Saneamiento y Bienes Hídricos, que sustituirá a la CONAGUA como organismo desconcentrado, elevando la gestión hídrica al rango de Secretaría de Estado.
• Reglamentación de la Emergencia Hídrica y establecimiento del Fondo Nacional para el Agua, con recursos federales y estatales para atender sequías e inundaciones.
• Una duración máxima de 15 años para las concesiones de agua, priorizando el consumo humano y doméstico sobre los usos industriales o comerciales.
• Reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de gestión del agua, especialmente en pueblos y comunidades indígenas, garantizando su autonomía y derecho preferente al uso del recurso.

Equidad, justicia intergeneracional y enfoque de género

García Medina subrayó que la iniciativa introduce conceptos de justicia hídrica e intergeneracional, colocando la responsabilidad del Estado no solo en el presente, sino también frente a las generaciones futuras.

“Cuidar el agua hoy significa garantizar la vida mañana. Este pacto busca que nuestros hijos y nietos no hereden un país seco, sino un territorio con seguridad hídrica y ambiental”, puntualizó.

Asimismo, reconoció el papel de las mujeres en la gestión del agua, señalando que son quienes más resienten su carencia en los hogares, las escuelas y las comunidades. Por ello, la ley promueve su participación en la toma de decisiones y el acceso seguro, asequible y libre de violencia.

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La propuesta está alineada con la Agenda 2030 de la ONU, particularmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua limpia y saneamiento; y contribuye de manera directa a otros ODS como el 1: Fin de la pobreza; 3: Salud y bienestar; 5: Igualdad de género; 10: Reducción de desigualdades; 11: Ciudades sostenibles; 13: Acción por el clima; y 15: Vida de ecosistemas terrestres.

La senadora enfatizó que la iniciativa propone una Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento transexenal, con políticas públicas de largo plazo enfocadas en derechos humanos, equidad territorial, sostenibilidad ambiental y cooperación internacional.

Garantizar el derecho humano al agua es una obligación del Congreso de la Unión.

Finalmente, Amalia García Medina afirmó que esta propuesta responde a una deuda histórica del Congreso con el pueblo de México.

“Han pasado más de doce años desde que la Constitución reconoció el derecho humano al agua, pero seguimos sin una ley que lo haga efectivo. Esta iniciativa es un Nuevo Tratado por el Agua, un compromiso con la vida, la dignidad y la equidad”, expresó.

“Sin agua no hay derechos, sin agua no hay justicia, sin agua no hay futuro. Por eso, Movimiento Ciudadano propone un nuevo pacto nacional por el agua: un país donde el agua sea un derecho, no un privilegio”, concluyó la senadora.