El secuestro de nuestros derechos.
El secuestro de nuestros derechos.
Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.
En cualquier sociedad democrática la protesta social es un mecanismo válido, pero resulta imperativo trazar una línea tajante entre la libertad de expresión y la extorsión política. Cuando facciones sindicales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), o diversos grupos de presión recurren al bloqueo sistemático de carreteras y la toma de instalaciones gubernamentales, abandonan el terreno del diálogo democrático para operar como poderes fácticos. Al causar un daño generalizado e intencional a la sociedad para forzar la mano del gobierno y obtener concesiones sectoriales, toman como rehén la vida y la economía de la mayoría. Esta dinámica sustituye los canales institucionales por un ejercicio de fuerza disruptiva, lo que vuelve a estos métodos estructuralmente ilegítimos y frontalmente contrarios al Estado de Derecho. Tolerar estas acciones envía el mensaje institucional de que la extorsión y el caos son más eficaces que la petición pacífica, lo que margina al ciudadano que acata la ley.
Desde la óptica constitucional y de los derechos humanos, es una falacia afirmar que el derecho a la protesta es absoluto. Si bien el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho de reunión pacífica, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales establecen con claridad que este derecho encuentra sus límites en los derechos de terceros y en la preservación del orden público. Cuando una manifestación muta en una vía de hecho que obstruye el libre tránsito consagrado en el artículo 11 constitucional, o impide el acceso a la salud, el trabajo y la propiedad, pierde de inmediato su manto protector. Los derechos humanos son interdependientes; ningún grupo puede invocar un derecho propio como patente de corso para anular o suspender sistemáticamente las libertades de la mayoría.
Adentrándonos en la dimensión estrictamente penal, resulta fundamental subrayar que estas tácticas no son meras faltas administrativas, sino conductas delictivas plenamente tipificadas en la legislación mexicana. El bloqueo deliberado de autopistas constituye el delito de ataques a las vías generales de comunicación, sancionado severamente por el Código Penal Federal. Asimismo, la ocupación forzada de oficinas gubernamentales de recaudación actualiza un abanico de tipos penales que incluyen el motín, la coalición de servidores públicos, la privación ilegal de la libertad de trabajadores y contribuyentes, y los daños al patrimonio del Estado. Estas acciones son hechos ilícitos objetivos que perjudican el erario y el patrimonio de los particulares, despojando a la movilización de cualquier aura de
desobediencia civil romántica. La omisión del Estado en la persecución de estos delitos, a menudo motivada por el cálculo político, genera impunidad, destruye la seguridad jurídica y vulnera el principio de legalidad.
El impacto de estos sistemas ilícitos de presión es regresivo y destructivo. Al estrangular la conectividad logística, vital en estados con vocación comercial y minera como Zacatecas, se provocan pérdidas millonarias, quiebras de negocios y la pérdida de empleos formales. Esto se traduce en violaciones tangibles a los derechos económicos, sociales y culturales de la población ciudadana. La narrativa que pretende legitimar estas acciones argumentando una lucha en favor del pueblo resulta empírica y sociológicamente insostenible, puesto que dichos grupos pelean por intereses corporativos estrictamente limitados, financiando sus victorias políticas mediante el sacrificio directo del bienestar colectivo y el canibalismo de los derechos económicos de la clase trabajadora que sostiene al país.
Los métodos coactivos que implican el secuestro de la infraestructura nacional y la comisión reiterada de delitos son jurídicamente indefendibles. La preservación del Estado de Derecho exige a las autoridades aplicar la ley sin distingos, impidiendo que las vías de hecho y la extorsión se impongan sobre la razón legal y la seguridad ciudadana.
estradagp@hotmail.com
