Masiosare.
Masiosare.
Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.
El sainete jurídico protagonizado por la flamante imputación de Traición a la Patria contra el exfiscal de Chihuahua ya alcanzó las ruidosas proporciones de un mitote de guacamayas tropicales. Semejante acusación resulta tan caricaturesca y tan burdamente desprovista de fundamento, que roza sin rubor alguno la comedia de enredos.
Confesaremos en primer lugar, que estas líneas que ahora se expresarán, son producto de la deformación de su autor, pues, entre otras de las curiosidades curriculares del mismo, estriba en haber leído un par de librejos sobre Garantías Constitucionales en materia penal y, además, haber sido, en alguna parte de la distorsionada carrera profesional, acusador oficial de barandilla en las extintas Procuradurías de Justicia que lo último que procuraban era hacerle honor a su nombre.
Hecha esta pertinente advertencia para que el lector no se llame a engaño, recordemos que en la teoría penal existe una monería conocida como la «garantía de exacta aplicación de la ley». En términos prácticos, esto significa que para que una conducta humana sea catalogada como delito, el proceder debe encajar en la descripción del código de forma idéntica, puntual, rigurosa y milimétrica, sin tolerar piruetas analógicas ni interpretaciones fantasiosas. Por ejemplo: el delito de allanamiento de morada se configura únicamente si alguien se introduce, sin el consentimiento del dueño, a un inmueble destinado a habitación; por ende, no aplica si al intruso se le ocurre meterse sin permiso a un terreno baldío, a una bodega o a un local comercial.
Armado con este bagaje, este intento de abogadazo se dignó a consultar el tipo penal del rimbombante (y trasnochado) delito de Traición a la Patria. Encontré que la ley castiga, entre otras apocalípticas lindezas: realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de México, participar en acciones bélicas a favor de un Estado extranjero, o facilitar la infiltración de tropas foráneas en el país. También penaliza formar parte de grupos armados bajo mando extranjero, destruir las señales que marcan los límites del territorio nacional, reclutar gente para hacerle la guerra a México, guiar una invasión, o proporcionar información de inteligencia militar o elementos materiales para la misma. Etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora bien, hasta donde el limitado entendimiento de este aprendiz de analista penal logra descifrar, al ilustre exfiscal chihuahuense se le crucifica por el imperdonable agravio de haber permitido, o invitado, a agentes de inteligencia
extranjeros a fungir como testigos o colaboradores en el decomiso de un laboratorio de drogas en nuestro sacrosanto territorio nacional. Utilizando nada más que el escaso sentido común, resulta evidente que esta conducta no cuadra ni con calzador en ninguna de las descripciones contempladas para la traición a la patria.
Semejante absurdo me hacen suponer, de manera fundada y motivada, como dicen los abogángsters de todas las altitudes y latitudes, que la justicia en México sigue funcionando (ya lo ha hecho con anterioridad) como un gran carpa de circo decadente (Brozo dixit). Su función, como tantas otras veces, es arrojar cortinas de humo para distraer a la perrada nacional hacia asuntos irrelevantes e inflar esa trasnochada conciencia patriotera, repleta de soberanías vulneradas, temibles enemigos extranjeros y masiosares inexistentes. Tristemente, este es el discurso perfecto para alimentar la infinita ignorancia de un populacho siempre dispuesto a aplaudir, como foca de balneario, ante cualquier mínima provocación que valide su absurda y patética cosmovisión de tercermundista arrabalero
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