Inequidades Jubilatorias.
Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.
Con motivo de las presiones y chantajes recientes que ha ejercido el gremio magisterial, historia ya conocida por todos, el gobierno federal ha implementado una reducción gradual en la edad mínima de jubilación para empleados públicos, específicamente aquellos bajo el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE. A partir de 2025, las mujeres podrán jubilarse a los 56 años, y los hombres a los 58, con una reducción progresiva que llegará a los 53 años para mujeres y 55 para hombres en 2034. Este cambio, que aplica a quienes no optaron por la Ley del ISSSTE 2007, busca ofrecer una jubilación más justa y digna, según se nos vendió.
El problema es que, a largo plazo, dicha intención no alcanza, desde el punto de las finanzas públicas nacionales ya que al permitir que los trabajadores se jubilen a una edad más temprana, el gobierno tendrá que pagar pensiones durante un período más prolongado. Esto implica un incremento significativo en el monto total de los recursos que deben destinarse al pago de pensiones cada año. Se estima que el costo fiscal entre 2030 y 2034 podría ubicarse entre 30 mil y 40 mil millones de pesos anuales, sumando un impacto total cercano a los 400 mil millones de pesos en valor presente. Solo para el sexenio actual, se habla de un costo de 36 mil millones de pesos.
Por otro lado, el sistema de pensiones en México, y específicamente el del ISSSTE para los que no migraron a la Ley de 2007 (conocido como «Décimo Transitorio»), ya arrastra un déficit actuarial considerable. Este régimen se basa en un esquema de «reparto», donde las cuotas de los trabajadores activos se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados. Al reducir la edad de jubilación, aumenta el número de pensionados y, por ende, la carga financiera sobre un número relativamente menor de trabajadores activos que cotizan bajo este esquema, agravando el déficit existente.
Si bien se han creado iniciativas como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, los expertos dudan de la capacidad del gobierno para financiar este tipo de reformas en el largo plazo, ya que no se han establecido fuentes de ingresos recurrentes y suficientes para cubrir el incremento del gasto. Esto implica que el costo adicional probablemente recaerá directamente en el gasto público general, lo que podría afectar otros programas sociales o de infraestructura.
Hay que considerar, adicionalmente, que el pasivo actuarial pensionario en México ya representa un porcentaje significativo del PIB. Adelantar la edad de jubilación sin una estrategia financiera sólida que lo respalde incrementa este pasivo y pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo. Existe la preocupación de que esto pueda llevar a un mayor endeudamiento del Estado o a la necesidad de realizar ajustes presupuestales drásticos en el futuro.
Para rematar, esta reforma solo aplica a una parte de los trabajadores del Estado (los del Décimo Transitorio del ISSSTE), creando una disparidad significativa con aquellos que se encuentran bajo el esquema de las Afores (Ley del ISSSTE 2007 y Ley del IMSS de 1997), quienes tienen una edad de retiro más alta (65 años en la mayoría de los casos). Esto genera cuestionamientos sobre la justicia y equidad del sistema de pensiones en general y puede generar presiones para que se replique la medida en otros regímenes, lo que multiplicaría el costo fiscal.
En resumen, aunque la medida es socialmente deseable para los beneficiarios, desde el punto de vista financiero, esta reforma se considera inviable debido al considerable aumento en el gasto de pensiones, la ya precaria situación de los fondos de pensiones, la falta de una fuente de ingresos sostenible para cubrir el costo adicional y el riesgo que representa para la estabilidad de las finanzas públicas del país.
Como dirían los más avezados: estamos jodidos todos ustedes.
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