Anatomía de una quiebra nacional anunciada.
Anatomía de una quiebra nacional anunciada.
Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez.
Bienvenidos al milagro financiero mexicano, ese prodigio de la alquimia presupuestal donde el gobierno jura por la Virgen y por la Patria que «no nos hemos endeudado», mientras esconde bajo la alfombra una factura que haría palidecer a cualquier ludópata con tarjeta de crédito corporativa. Resulta que la retórica aguanta todo, pero las matemáticas, esas testarudas neoliberales y conservadoras, cuentan una historia de terror que nos llevará directo a la bancarrota.
Hagamos un ejercicio de memoria para desmemoriados: en diciembre de 2018, la deuda pública del país era de 10.55 billones de pesos (44.8% del PIB). Para el cierre de 2026, la Secretaría de Hacienda, haciendo malabares para que los números no se vean tan grotescos, proyecta que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público rebasará los 20.3 billones de pesos. Esto es, en apenas ocho años se logró duplicar la deuda de un país que se juró administrar con austeridad franciscana. Si esto es ser austero, no quiero imaginar la bacanal que armarían si fueran derrochadores.
Pero el drama no está solo en el saldo, sino en el monstruoso costo de mantener esta ficción. Para el ejercicio fiscal 2026, el gobierno programó pagar 1.6 billones de pesos únicamente en intereses, comisiones y gastos de esta deuda. Para ponerlo en perspectiva, este abono chiquito representa el 15% de todo el Presupuesto de Egresos. Mientras tanto, a la Salud pública, esa que prometieron dejaría como la de Dinamarca, le asignan apenas 1.05 billones (10.3%), y a la infraestructura física, unos miserables 0.96 billones.
Traducido al cristiano: hoy el Estado mexicano gasta muchísimo más en engordar las cuentas de los acreedores financieros que en curar a sus enfermos o construir carreteras. Por eso nuestros hospitales públicos han dejado de ser centros de sanación para convertirse en eficientes antesalas de velación mortuoria, y a los trabajadores del sector público, incluyendo universidades autónomas, se les reducen, o de plano, se les cercenan, a diestra y siniestra, salarios y prestaciones laborales.
La cereza de este pastel de cinismo fiscal llega con el presupuesto 2027. El gobierno pedirá prestados 1.7 billones de pesos. ¿Para construir refinerías que sí refinen o trenes que no descarrilen? No. Pedirán 1.7 billones casi exclusivamente para tener con qué pagar los 1.6 billones de intereses de la deuda que ya tienen. A este modelo de pedir
prestado para pagar los intereses de lo que ya debes, en mi pueblo le llaman usura o esquema Ponzi. En el púlpito matutino les llaman finanzas sanas.
La proyección a 2030 es para salir corriendo: entre 25 y 27 billones de deuda. El gobierno destinará 1 de cada 5 pesos recaudados a pagar réditos sin amortizar un solo centavo de capital. Con las pensiones sumadas, más del 50% de sus impuestos se irán al basurero financiero antes de que se pueda comprar una sola aspirina para un centro de salud.
¿Y a dónde se ha ido todo este dineral si no hay obra pública decente, ni seguridad, ni hospitales dignos? Al despilfarro criminal de los llamados programas sociales. Un esquema de compra de votos a cielo abierto que no ha sacado a nadie de la pobreza estructural ni mejorado un ápice la calidad de vida de las familias, pero que resulta maravillosamente rentable en las urnas.
Es la constante universal de los populismos latinoamericanos: organizar la borrachera electoral más cara de la historia e invitarle las rondas a su clientela pagando con la tarjeta de crédito de las próximas generaciones. La fiesta está buenísima, el pueblo aplaude y el líder levanta los brazos. El único y minúsculo problema es que, cuando el país quiebre y las calificadoras corten el flujo de dinero, la resaca la pagaremos todos.
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