Esquizofrenia jurídica colectiva.

Por: Dr. José Guadalupe Estrada Rodríguez

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que se caracteriza por tener pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad. Las personas piensan, sienten y se comportan de manera cotidiana como si hubiesen perdido contacto con la objetividad y materialidad de la vida. Los pacientes esquizofrénicos algunas veces oyen voces, alucinaciones auditivas, que una persona sana en la misma situación no escucha, o ven cosas, alucinaciones visuales, que otras personas no perciben. En un resumen muy apretado, podríamos decir que estos enfermos viven otro mundo muy diferente al que la mayoría de los sujetos experimentan, por eso se dice que “andan en otro universo”.

De un tiempo para acá, he pensado seriamente que en este país estamos sufriendo una esquizofrenia jurídica, generalizada en su esencia, pues vivimos una realidad legal totalmente desconectada del deber ser que imponen las leyes, y que se caracteriza precisamente por aceptar esa anormalidad vivencial que implica violaciones flagrantes a la Constitución y a las normas por parte de autoridades y de particulares y que tomamos con una normalidad, como decir, “hoy amaneció”, y no pasa nada, es lo cotidiano, es lo de diario, sin ni siquiera reflexionar que estamos viviendo en una realidad que se puede calificar como sea, menos como un Estado de Derecho.

Desde niños nuestros propios padres nos enseñan que la ilegalidad es el orden natural de las cosas por estos lares, pues desde nuestras tiernas infancias vemos con una estupefacción inocente que se estacionan en lugares prohibidos, que se pasan los semáforos en rojo, que tiran la basura en las calles y que es lo esperado darle al agente de tránsito cien pesos para evitar ser multado y llevado al corralón; es decir, nuestros primeros contactos con la vida legal nos condicionan a violar la ley como un condicionamiento cultural, y aquí es cuando empieza esa esquizofrenia jurídica.

Más adelante, cuando ya introyectamos más conciencia de nuestra existencia banal, muchas de las experiencias con el mundo del Derecho las vivimos de manera cotidiana en los medios de comunicación, y, relacionadas, con escándalos mediáticos que en poco abonan al establecimiento de una cultura de la legalidad.

Por ejemplo, en estos momentos los masivos medios de comunicación volvieron a revivir los asuntos siguientes, los cuales se presentan única y exclusivamente a manera de ilustración, sin tener estas líneas, como siempre ha sido, ningún intento de crítica destructiva ni mucho menos lograr en el lector el despertar su conciencia cívica adormilada: el circo procesal del caso de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, en donde los más experimentados abogados se han visto incompetentes para explicar ese mazacote judicial, con Ministros de la Suprema Corte que ahora se desdicen de lo que antaño dijeron y hasta resolvieron, y diligencias de investigación que se antojan un montaje prefabricado; la liberación inesperada y sorpresiva de la primer presa grande del sexenio y el encarcelamiento de un Ex Procurador General de la República, donde ya los más avezados penalistas hablan de violaciones al debido proceso, aplicación retroactiva de la ley penal por delitos aparentemente prescritos, resoluciones basadas únicamente en testimonios que, por su propia naturaleza, en todos los casos, son subjetivos, tendenciosos, parciales y maliciosos, y la reiteración del criterio francamente cerril de justificar la prisión preventiva con el argumento de que una persona tiene medios y recursos para huir, es decir, el populismo penal en su máxima expresión; también entran aquí las declaraciones cantinflescas y cotidianas del Presidente de la Suprema Corte, el cual su última puntada fue hacerse la víctima por amenazas y actos intimidatorios de hace más de diez años, cuando nada dijo en su momento, revelación que se antoja a todas luces de una mansedumbre y un oportunismo vergonzosos; y para acabarla de amolar, allí está la sentencia de diez años de prisión impuesta por un Juez en Querétaro a una persona por matar dos perros (¿será un perricidio?), violándose de manera irrefutable, no nos queda duda, el principio de proporcionalidad de la pena, cuando en el resto del país los secuestradores, asaltantes de caminos y homicidas pasean como Pedro por su casa.

Estas vivencias comunales en materia de aplicación de la ley son malas, irracionales, distópicas, caricaturescas, cantinflescas, y se experimenta una idea de injusticia, de ausencia total de Estado de Derecho, de una deriva del orden jurídico nacional y de incertidumbre, lo cual provoca, a las pruebas me remito, esa esquizofrenia jurídica colectiva materia de esta arenga.

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